Enrique Zabala, abogado de los socios privados de Gamsur, aseguró que el traspaso del contrato de la mixta a la empresa cordobesa Cotreco es irregular y nulo porque no se cumplieron una serie de pasos fundamentales, como la convocatoria a una asamblea y la autorización expresa de todos los socios, que hubieran convalidado el proceso. Por lo tanto, aseguró que la aparición de la firma cordobesa “parece un negocio hecho a las apuradas y que es el certificado de defunción de Gamsur”.

El jueves, los clientes de Zabala, Rubén Infante y Alfredo Corteggiano, les enviaron cartas documento al intendente Juan Jure y a los directores públicos de Gamsur, Hugo Díaz y Andrés Allora, en las que les reclamaron que entreguen la documentación que, según se lee en el contrato con Cotreco, decían conocer al momento de firmar el convenio. Zabala asegura que esos documentos en realidad no existen y que, por lo tanto, se estaría ante el delito de falsedad ideológica.

El abogado aseguró que sus clientes se verán seriamente damnificados por la decisión de socio mayoritario, que es el Municipio. “Estamos en presencia del certificado de defunción de la empresa Gamsur. Esto opera por medio de una ilegalidad, que es la ceder los ingresos de la empresa pero, a la vez, quedarse con todas las deudas. Eso no sólo hace a la impericia de quienes realizaron esto sino que implica romper la cadena de confianza que los socios de Gamsur tienen con quienes son sus directores públicos y que realizaron un acto que les trae un perjuicio social y económico y que posiblemente puede ser pasible de algún reproche penal. Entonces, la única forma de verificar la legalidad y la legitimidad de este acto es solicitar la documentación que los llevó a desprenderse de los derechos de cobro de un contrato de 350 millones de pesos sin ningún otro beneficio que no sea a lo mejor salvar una cuestión coyuntural y política. Nos vimos obligados a enviar cartas documento porque es la única forma de acceder a la documentación, lo cual ya es una situación bastante irregular e inédita porque se supone que todo debe ser transparante y claro y a la vista”, indicó Zabala.

Agregó que todo el proceso fue extraño y con condimentos llamativos. “Si vemos cómo se hizo la cesión, es raro que se haya elegido el momento en que se había ido José Lago de la presidencia. Sería como si Cobos vendiera la Patagonia cuando la Presidenta se fuera de viaje. Porque estamos hablando de unos directores públicos que están conduciendo la empresa de manera provisoria y que transfieren un contrato de 350 millones de pesos. Hablan de una crisis financiera cuando, en realidad, Gamsur tiene un pasivo que no es exigible por el momento. Y lo que hacen estos directores provisorios es sacarle su ingreso principal a Gamsur y vaciarla de contenidos objetivos. Lo hacen un 26 de agosto -ese mismo día el intendente firma la autorización y el fiscal municipal emite su dictamen favorable a la cesión- y comunican que acompañan los antecedentes de la crisis de la empresa, lo cual no es verdad porque los balances todavía no se han hecho y ni siquiera ha habido un mandato de la asamblea y los socios para que se haga tal cosa”, indicó.

Sin firma

Zabala aseguró que para que el traspaso del contrato pudiera hacerse debió existir la firma de los socios. “Ese es el resguardo que tiene la minoría. Esa minoría ha venido siendo siempre perjudicada por las decisiones del socio mayoritario, que es la municipalidad, que fijó precios del servicio de higiene urbana y mantenimiento del alumbrado que no cubrían los costos operativos mínimos”, manifestó el abogado.

Zabala declaró que, con el traspaso a Cotreco, el Municipio le hizo ceder los únicos ingresos que tenía Gamsur que, a la vez, se queda con “todos los riesgos habidos y por haber en perjuicio de la empresa y de los propios trabajadores”. Según el abogado, las cláusulas indemnizatorias señalan que, pase lo que pase, será la mixta la que deberá hacerse cargo de los resarcimientos económicos a los empleados.

“¿Pero qué pasa si dentro de seis años, cuando Cotreco deje de operar, Gamsur no existe porque se quedó sin ingresos? Los trabajadores no van a cobrar nada y por eso me llama la atención el silencio de la dirigencia sindical”, dijo el abogado.

En cuanto al proceso, Zabala detalló que el principal reproche jurídico y societario al traspaso del contrato es que quienes firmaron el convenio con Cotreco no podían hacerlo porque no estaban autorizados. “Se han extralimitado en sus atribuciones, sin autorización de los socios privados y comprometiendo el patrimonio de la empresa. No podemos dejar de sospechar que estamos hablando de un negocio hecho a las apuradas”, indicó.

En las cartas documento que fueron enviadas a Díaz y Allora, los empresarios Infante y Corteggiano dejan constancia que podrían iniciar acciones penales contra los representantes del Estado.

“Creo que hubo falsedad ideológica porque cuando se firmó el contrato con Cotreco se manifestó que se acompañaban, se incorporaban y se conocían las actas que la empresa Gamsur aportaba, en las cuales los socios autorizaban a los directores a firmar este contrato de cesión. Esas actas no existen. Y, si existen, las desconocemos y por lo tanto no resulta legal.

Entonces hay dos posibilidades: si el acta no existe es un delito porque se dijo que había algo que en realidad no había; en el caso de que el acta aparezca no hay delito pero el acto es irregular porque falta la firma de los privados.

En ese caso, todo es nulo. Así que, a nuestro juicio, la discusión sobre si se burló o no la ley al ceder el contrato a Cotreco sin haber hecho una licitación es posterior. Nosotros creemos que falta un paso previo y que es analizar si los cedentes estaban en condiciones de firmar el traspaso. En realidad, las personas que cedieron no estaban autorizadas a hacerlo. Entonces, se trata de un acto societariamente irregular”, manifestó el abogado de los socios privados.