"Esto yo ya lo había advertido", sostuvo ayer el ex diputado Juan Carlos Scovenna al recordar que hace varios años planteó una seria falencia que tenía la ley que se votó para evitar los desalojos de campos del oeste pampeano que están ocupados por descendientes de pueblos originarios. Esa falencia era que la ley no contemplaba un mecanismo claro para establecer quiénes eran los beneficiados con esta norma. "Ahora, se hace realidad lo que yo dije", reiteró Scovenna al revelar que el juez Alvarez no aplicó la norma y que nunca convocó a Albornoz para preguntarle si sus ancestros eran aborígenes.

"Es un error muy grave por parte del juez", sentenció el ex diputado. "Tendría que haberlo convocado y acreditar esta condición", aseguró.

Esperanza.

Tras el rechazo del juez Manuel Alvarez, la estrategia defensiva de Simplicio Albornoz y sus abogados es concentrar todas las actuaciones en General Acha. El ex diputado Scovenna expresó su esperanza de revertir el revés aplicado a la causa por el juez Manuel Alvarez recurriendo a una nueva instancia judicial: un pedido para que el magistrado se aparte de la causa y los expedientes que tiene en sus manos sean derivados a Santa Rosa.

Hace unos días, la Oficina Unica del Ministerio Público Fiscal de General Acha solicitó que el juzgado emitiera una orden para que los hermanos Antonio Santiago, Oscar Alberto y Fernando Alfredo De Franco -por intermedio de unos peones- avanzaran con el alambrado que está cercando el lote que ocupa el puestero Simplicio Albornoz, que le impide salir del lugar e imposibilita que sus vacas lleguen hasta la aguada más cercana. El juez de Control achense, Manuel Alvarez, le dijo que no a la medida.

La negativa del juez profundizó el clima de malestar que existe en el oeste pampeano por el constante avance de los De Franco hacia campos que están ocupados por antiguos pobladores del oeste pampeano que, en muchos casos, no han regularizado su situación dominial.

Declinatoria.

Según explicó a LA ARENA el ex diputado Juan Carlos Scovenna, el abogado que patrocina a Albornoz presentó en los tribunal de General Acha un "pedido de declinatoria" para que las actuaciones que se encuentran allí sean derivadas a Santa Rosa, donde se halla la causa principal.

En Acha, y también en parte en 25 de Mayo, se están investigando un par de denuncias cruzadas generadas a partir del avance del alambrado. Dos de estas denuncias fueron presentadas por Albornoz y su hijo, mientras que una tercera es la que hizo el ex intendente de La Reforma, Luis Nieto, por las supuestas amenazas que recibió de parte de esta familia.

Una vez en Santa Rosa, la defensa de Albornoz estaría en condiciones de volver a reclamar por la medida cautelar que rechazó Alvarez. "Esa posibilidad está latente", remarcó el ex legislador.

Mientras tanto, y a raíz de aquel rechazo, la cuadrilla de peones rurales sigue trabajando en el campo con el alambrado de la propiedad, una situación que pone cada día más tensión en la zona. "El gobierno y la Justicia se van a tener que hacer cargo de cualquier situación de violencia que ocurra en este lugar", reiteró el entrevistado.