Semana complicada para nuestro querido Jujuy. Lo que comenzó como un hecho aislado de toma de tierras en Libertador General San Martín, se transformó rápidamente en una epidemia que cubrió un centenar de lugares públicos y privados.
En primer lugar, una cuestión que desbordó al Estado a pesar de la política habitacional que, en números históricos, resultaba hoy ampliamente positiva. Junto a ello, planes y medidas que se anunciaron rápidamente que fueron, en la mayoría de los casos, mal interpretadas por la gente.
Y en el medio, los oportunistas de siempre: la interna política los especuladores que ya cobraban a cuenta futuros terrenos o vendían formularios falsosagitadores sociales soplando la brasa del caos;xtranjeros que cruzaron deliberadamente la frontera para hacerse de una propiedad; claro está los que realmente necesitan una ayuda generosa del Estado y en el fondo, los que menos se animan a levantar la voz.
Todo esto constituyó un escenario dramático y triste. ¿Con qué necesidad Jujuy termina siempre expuesta a tensiones tan agudas? ¿Por qué prima y se enciende con tanta facilidad la mezquindad y el egoísmo personal? ¿Cuál es nuestro problema como sociedad?
REACCIONES
Sin ser ajeno a esta situación, el gobernador Walter Barrionuevo respondió con una batería de medidas y anuncios. El objetivo: lograr que la gente retomara la calma acostumbrada. Lo mismo hizo el Poder Judicial haciendo pública su posición y un conjunto de entidades privadas y gremiales que se agruparon para pedir por la paz social.
Y así vivió Jujuy las últimas horas. En el frenesí de encontrar soluciones, sofocar conflictos, enterarse de nuevas tomas y escuchar con estupor rumores, versiones cruzadas y las más diversas teorías conspirativas.
Fueron momentos de angustia. Pero, despacio, llegó la calma. Un poco por los anuncios, otro por la actitud de la gente y, el resto, por la acción ligera de algunos funcionarios, políticos y dirigentes. Con idas y vueltas y respuestas aún frágiles, la cuestión comenzó a normalizarse.
A todo esto, el senador Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical, anunciaba que su fuerza política no acompañaría la iniciativa, que se retiraba de la comisión investigadora y pedía al Gobernador diera un paso al costado. Un shock, pero de inconsistencias. Horas antes el propio intendente de Capital, Raúl Jorge, también radical, había apoyado públicamente la medida. Horas antes, de la conferencia de prensa, el respaldo parecía elocuente.
Pero ganó, al parecer, un análisis político de la oposición que, lejos de lo esperado, trajo una bocanada de aire fresco al oficialismo. En primer lugar, porque al no haberse tratado la ley, la oposición se convirtió, para la gente, en el malo de la película. En segundo lugar, porque ante la falta de la ley, el Gobernador firmó un decreto acuerdo para salvar la situación y con ello demostrar su compromiso con el tema. En tercer lugar, porque la palabra “renuncia” en boca de un dirigente político de la democracia cayó como un balde de agua fría en la gente que no quiere volver al pasado. Todos los jujeños saben de la importancia de la institucionalidad y, así expresada la cuestión, el senador Morales más que respaldos consiguió un masivo rechazo a su tesis de patear el tablero.
Simultáneamente, generó un inmediato apoyo del gobierno nacional que después de la conferencia de prensa radical, saturó los teléfonos del despacho del Gobernador para renovar apoyos. Resultado: un gobierno provincial blindado por el apoyo nacional ante posibles maniobras de desestabilización de la oposición.
Así también, se avivó un fuego cruzado de declaraciones políticas, con definiciones interesantes algunas, otras con contenido electoralista, pero ninguna de ellas abordando un aspecto clave que es el respeto por el derecho a la propiedad privada, un elemento fundamental para la convivencia ciudadana, el cual no puede ser soslayado, porque los que hoy quiebran reglas, mañana pueden damnificados, creándose de esta manera un circulo vicioso, en espiral descendente.
PARA REPENSAR
Sin lugar a dudas, días de alta tensión que no solo sacaron a la superficie las urgencias de miles de familias que pugnan por el techo propio, sino que además desnudaron las peores apetencias de ciertas fracciones de la clase política, como así también la necesidad de repensar la política y la institucionalidad, ello sin soslayar responsabilidades, aunque muchos pretendieron esquivarlas y ver la viga en el ojo ajeno. Es el momento propicio para que se someta a revisión el funcionamiento de algunos organismos, clave en la ejecución de políticas de contención social, los que tendrán que redefinir procedimientos administrativos para responder con celeridad y eficiencia al problema habitacional. Claro está, esta apreciación no es direccionada a los funcionarios de hoy, sino a un proceso que lleva años y que no es adjudicable del todo a las actuales gestiones. De hecho, son las mismas autoridades de carteras ministeriales las que están ahora en la primera línea de fuego, desactivando las usurpaciones.
Las urgencias marcan que no se puede seguir con el esquema de entrega de viviendas que históricamente dio lugar a interminables esperas que, a su vez, generan desaliento, frustraciones e impotencia. También se tendrá que revitalizar perfiles de gestión, potenciar la planificación y redinamizar técnica y operativamente por ejemplo al IVUJ, dejando de ser parte del pasamanos en la administración de recursos que llegan desde Nación y que terminan disponiendo organizaciones sociales. ¿A su vez estas cumplen acabadamente con la rendición de cuentas? ¿Informan criterios de elección de adjudicatarios y si lo hacen esos criterios se ajustan a la variada demanda? ¿Qué pasa con la escrituración de las viviendas gestionadas y construidas por organizaciones sociales?
Además, las viviendas terminadas deben ser entregadas con inmediatez, no según las conveniencias políticas, y en este aspecto los municipios tendrán que hacer mea culpa y mostrar gestos de grandeza.
TIENEN QUE SESIONAR
En este necesario proceso de replanteo de responsabilidades que la hora exige, no puede quedar al margen la Legislatura de la Provincia, un cuerpo con algunas individualidades de capacidades probadas y reconocidas, pero que terminan diluyéndose en el cada vez más inocultable desinterés de velar por el bienestar de la gente que expone el conjunto de sus miembros. En la tensa semana que pasó, miles de familias jujeñas necesitaron de una actitud comprometida con las dificultades del momento, de un principio solidario que se corresponda con las urgencias, pero la Cámara de Diputados no estuvo a la altura de las circunstancias, dejando aflorar los más profundos sentimientos de mezquindad y sectorismo, reñidos de toda responsabilidad y emparentados con el oportunismo.
¿Cómo es posible pensar en una solución institucional a la crisis habitacional, si los responsables de debatir las futuras leyes no están dispuestos a hacerlo? A un dispositivo de esta naturaleza poco le resultará difícil explotar todo su potencial, si no cuenta con el enriquecimiento al que debe ser sometido.
Como poder del Estado que debería constituirse en caja de resonancia del clamor social, la oposición tiene que garantizar el funcionamiento de la Legislatura, ingresar al recinto y sesionar y, si les parece, votar en contra del programa de loteo, pero no asumir la posición cómoda de no dar quórum.
SABER DECIDIR
La solución a este despojo de compromiso la tienen los mismos jujeños en sus manos y su conciencia, ya que en breve también tendrán que ser responsables de su decisión frente a una urna, instancia en la que deberán valorar el poder del voto y estimar los méritos, tanto de oficialistas, como de opositores.
Responsabilidad (o mas bien la falta de ella en algunos casos) es el valor que las urgencias exigieron en los últimos días, a todos y cada uno de los jujeños, pero muy especialmente a quienes tienen obligaciones en la función pública, sea ejecutiva, legislativa o judicial. El conocimiento de la historia permite aprender de aciertos y de errores pasados, permite establecer un punto de partida para encausar una gestión o redeterminar el rumbo de las decisiones. La historia reciente de la provincia, esa que todavía hoy duele y que es conocida en el concierto nacional por el paso de gobernadores, uno tras otro en breves períodos de tiempo, parece no haber sido asimilada por sectores del arco opositor que creen que el conflicto habitacional que se agudizó en los últimos días se puede superar con la renuncia de uno u otro. Es difícil entender que se recurra al pedido de renuncias en medio de una tormenta y más aún cuando el capital del barco mantiene con pulso firme el timón, resistiendo los embates groseros de la oposición y alguna que otra jugarreta malintencionada de una minúscula fracción del oficialismo a la que no se le puede seguir dando alas.
Propios y ajenos tienen que comprender que Jujuy ya no resiste procesos inconclusos, que no están dadas las condiciones de soportar un nuevo ir y venir de gobernadores. Al mismo tiempo, la dirigencia política tiene que asumir de una vez por todas el respeto que le debe al pueblo, que es el que debe determinar quien gobierna y quien acompaña, una decisión que surge de la voluntad popular y no de un despacho al que acceden solo unos cuantos.



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