El escándalo de la venta de tierras, sumado al caso de la dudosa desaparición de un individuo que rozaría a importantes personalidades, pone en tela de juicio el accionar de la Justicia chileciteña.
Según parece, la supuesta asociación ilícita que habría sido conformada por profesionales y funcionarios judiciales de la localidad de Chilecito con el objetivo de estafar a particulares en su buena fe, no se privó de nada. Y el escándalo va tomando proporciones de inesperada magnitud, más allá de lo mediático.
Y para sumar un capítulo más al escándalo, la Cámara Penal de Chilecito determinó apartar de la causa al juez de instrucción Alfredo Ramos y el abogado Javier García Quinzaño quedó nuevamente imputado por las operaciones comerciales realizadas en la zona de Valle Hermoso. La determinación judicial apunta directamente al desempeño del magistrado que tenía a su cargo la causa iniciada por los pobladores, que habían denunciado una supuesta estafa por parte del abogado García Quinzaño.
El magistrado explicó que se encuentra haciendo uso de una licencia y que por ese motivo no fue notificado formalmente de la resolución de la Cámara Penal que integra el juez Mario Emilio Pagotto, lo que suma alguna irregularidad más.
Pero no todo queda allí. En el transcurso de la semana, también se dieron a conocer nuevos casos en Capital y en los Llanos, los que están siendo investigados por una comisión designada específicamente por parte de la Cámara de Diputados de la Provincia.
En la semana que comienza la Comisión Investigadora de la venta de tierras, creada por la Cámara de Diputados e integrada por cuatro legisladores, podría presentar su primer informe. ¿Habrá muchas sorpresas más?
Por lo pronto, se sabe que desde Casa de Gobierno se sigue el tema con suma preocupación y según trascendió, el próximo jueves la Legislatura tomaría decisiones en relación a algunos magistrados chileciteños, como inmediato resultado del mencionado informe, tras lo cual se presentarían las denuncias a los fines de que se conforme el Jury de Enjuiciamiento.
Desapariciones
Pero la convulsionada Chilecito no sólo carga con el escandaloso caso de la venta de tierras, sino que ahora también suma un nuevo y escabroso culebrón que amenaza con superar en magnitud a otros tantos que sacudieron a la Provincia.
La desaparición de un hombre de 39 años, Adrián Ormeño, de quien se sospecha sería el "cobrador de algún prestamista" chileciteño comienza a tener derivaciones insospechadas que a su vez se bifurcan en una interminable ola de versiones y rumores que tocarían a importantes personalidades de los poderes político y judicial.
El caso Ormeño se conoció a través de una presentación efectuada por su familia bajo la figura de "averiguación de paradero", aunque sobre el mismo individuo pesa una denuncia por un supuesto robo de 41 mil pesos del estudio jurídico de una reconocida abogada del fuero local.
No obstante, desde la Policía se aclaró que Ormeño no está prófugo sino desaparecido, lo que genera aún más dudas que certezas. El hecho, tampoco pasa desapercibido para el Gobierno y algunas fuentes aseguraron que el gobernador Beder Herrera no sólo habría manifestado su preocupación en torno a la delicada situación por la que atraviesa la Justicia chileciteña, sino que también habría hecho referencia en cuanto a que la matriz judicial de la Perla del Oeste no soportaría un escándalo más.
Y las sospechas del mandatario provincial no serían infundadas, ya que por estas horas se comenzó a hablar también en Chilecito de la pronta e inevitable renuncia de un magistrado.
Inseguros
La creciente y preocupante ola de inseguridad no deja de sorprender a nadie. Y las carencias por las que atraviesa la Policía de la Provincia quedan cada vez más al descubierto, al igual que el malestar en el corazón de las fuerzas. Y es que tal como se señaló oportunamente, la decisión de la secretaria de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Graciela Nader, de sacar a la policía a la calle para efectuar controles de tránsito, trajo más problemas que soluciones.
El que mucho abarca, poco aprieta, dicen por allí y no sólo que no disminuyeron los accidentes de tránsito (ante la atónita mirada del intendente capitalino Ricardo Quintela), sino que al mismo tiempo se incrementaron los delitos, ligados muchos de ellos al incremento de la venta de drogas. Y todo hace presuponer que la cuestión se irá agravando en la medida que no se tomen determinaciones concretas y, sobre todo, no se asuma al problema como tal.
No obstante, y a pesar del contexto que se presenta como desolador en esta materia, producto de las inacciones de unos y las malas acciones de otros, no deja de ser una luz en el camino la designación de nuevos jueces -siete en total- por primera vez mediante el proceso de selección y designación tras la reforma constitucional que tuvo lugar en el año 2008. El hecho en sí configura un nuevo mecanismo para la designación de magistrados y funcionarios de la Función Judicial y lleva esperanza en relación a la posibilidad de generar una justicia mejor, basada en la idea de la cultura de una independencia judicial, al tiempo que garantizar una Justicia ágil y eficiente.
Figurita difícil
Al igual que ocurre con un niño cuando aguarda que le toque la figurita difícil para completar el álbum, el gobernador Luis Beder Herrera sigue trabajando y apostando fuerte a su "figurita difícil": la prórroga del régimen de Promoción Industrial. Y no es para menos.
Tal como lo expresó NUEVA RIOJA en un detallado informe, el régimen de promoción industrial significó para la Provincia no sólo un constate crecimiento poblacional, sino también y fundamentalmente un incremento sostenido en la mano de obra y en la producción.
Sólo entre el Parque Industrial y las empresas radicadas en el interior se acumula un total de 10 mil empleos y un movimiento de 50 millones de pesos mensuales en concepto de sueldos y pago a proveedores. Pero hoy el panorama está enturbiado por el conflicto judicial que planteó la provincia de Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por que teme verse perjudicada por el Decreto 699 que la mandataria nacional Cristina Fernández de Kirchner firmó el pasado 20 de mayo.
Y la incertidumbre en el sector, está cada vez más latente, en virtud de las dilaciones y que corren tiempos de definición.
Tal como se indicó en el mencionado informe, hace dos años el Gobierno local realizó un Censo provincial que mostró algunos indicadores preocupantes puesto que el crecimiento poblacional volvió a estar por debajo del crecimiento vegetativo lo que implica que la Provincia retomó la dinámica de expulsar población. Ese contexto negativo se vinculó con un momento especial de las industrias que estaban comenzando a enfrentar la crisis financiera internacional, pero también reflejaron un escenario de incertidumbre frente a la proximidad de vencimientos de beneficios, (la mayoría expiraba a partir del 2011).
Y en los días que pasaron Beder Herrera volvió a cargar con fuerza para meterle presión a Mendoza y se llegue finalmente a un acuerdo para lo continuidad del decreto 699. La voluntad de diálogo existe, e incluso el Gobernador riojano aseguró que su par mendocino tiene la voluntad de levantar la presentación efectuada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que sus diferencias internas con otros sectores demoran los plazos.
Lo cierto y concreto, más allá del optimismo bederista y de las internas de Jaque, es que el paso del tiempo preocupa en demasía a los empresarios industriales y crece también el malestar como consecuencia de que los efectos del decreto estén supendidos.
El crecimiento de las industrias en base al régimen de Promoción Industrial está en peligro. El Gobierno provincial defiende esa política amparado en el desarrollo y en que si no se aplica plenamente puede haber un importante éxodo de mano de obra. Mientras la paciencia no se agote, será cuestión de esperar a que finalmente toque la figurita difícil.



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