Desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia le reconoció el derecho a un jubilado a percibir ese porcentaje, la discusión entró en un terreno diferente. El Gobierno adecuó la ley y dispuso una actualización semestral de los haberes, pero no puso el 82% en el horizonte. Esa decisión le dio margen a la oposición para resolver la brecha, aunque con un bache significativo: todavía no hay consenso sobre la fuente de financiamiento.

Para que la totalidad de los jubilados alcance el número mágico haría falta que el sistema jubilatorio tenga 18 millones de aportantes que destinen 28% de sus salarios brutos. Hoy ese número es de poco menos de 9 millones. Como duplicar la cantidad de empleo en blanco no es una meta factible de corto plazo y el sistema ya recibe $ 50.000 millones extraídos a la recaudación tributaria, lo que se discute no es una simple reasignación presupuestaria. Crear una ley no basta para cumplir con esta asignatura. Todavía falta sincerar todo el Presupuesto.