Ayer, el gobernador Buzzi insistió en pedir a los jueces y fiscales que actúen de inmediato, más allá de la cuestión de la competencia que aún debe resolver la corte provincial ante la primera denuncia formulada cuando comenzaba la toma del yacimiento. Fue en base a declaraciones de uno de los líderes sindicales, quienes en declaraciones a medios nacionales continúan haciendo gala de un "poder de fuego" que va más allá de las discusiones gremiales y las reivindicaciones exigidas.

"Ellos nos querían matar a nosotros y capaz que nosotros los matábamos a ellos", dijo Raúl Murga, el secretario general de los "dragones", según se cita en una entrevista publicada por el diario La Nación. "Fue un grupo que se nos fue de las manos, a nosotros eso no nos sirve", dijo también el líder sindical.

De allí que Buzzi dijo ayer que tales afirmaciones configuran una apología del delito que debería ser motivo de investigación inmediata.

Los planteos del mandatario provincial por ahora no han tenido eco en cuanto a las definiciones que se esperan en el ámbito judicial, que estuvo en la mira de la Presidenta de la Nación en su discurso del martes 26, el día del accidente en la ruta en el que perdieron la vida 9 de los gendarmes que habían llegado a la ciudad a causa del conflicto.

Por otro lado, también la Cámara de Empresas Regionales expresó en una solicitada publicada ayer en medios nacionales su postura en torno a la exigencia de que se establezcan las responsabilidades penales pertinentes como condición necesaria para la normalización de la actividad productiva.

El sector de contratistas es uno de los afectados directos por la paralización de actividades, en tanto los costos se miden no sólo en días caídos sino en graves daños a las instalaciones de algunas de las empresas que prestan servicios en el área.

Los elementos aportados por el gobierno provincial en las últimas horas, en torno a supuestos pagos de entre 200 y 600 pesos para reclutar gente que fuera a realizar destrozos en el yacimiento, además del retiro de medio millón de pesos el día del conflicto por parte de la entidad sindical, reflejan argumentos que por estas horas deberían ser parte del expediente judicial y la investigación encabezada por un juez a cargo de la causa.

El propio mandatario provincial ha señalado que hay denuncias con nombres y apellidos en torno a los hechos a investigar, por lo que hoy son los tiempos del sistema judicial los que deben determinar, en principio, cuál será el ámbito de investigación de la causa.

Mientras tanto, la situación continúa prolongándose en el tiempo. Desde hoy se verá si las multas anunciadas para Pan American Energy -PAE- (que salió a rechazar los cuestionamientos del gobierno y planteó que no ha tenido el auxilio esperado de las fuerzas de seguridad ni tampoco la acción decidida de la justicia para esclarecer los hechos) y la quita de la personería jurídica a la mutual del gremio tienen algún tipo de efecto práctica en la búsqueda de sentar a las partes a negociar una salida al conflicto, pero hay quienes descreen de esa posibilidad: con la sombra de la impunidad sobre la mesa, será difícil encaminar una situación que lleva años alimentándose de una amalgama -con ingredientes aportados por casi todos los actores hoy en pugna- y que hoy parece haber estallado, pero con consecuencias que aún no han terminado de decantar.