La concejal del Frente para la Victoria, Viviana Navarro, inauguró la sesión de ayer reclamando la revisión del contrato petrolero que Chubut firmó en 2007 renovándole a Pan American Energy la concesión para explotar el yacimiento de Cerro Dragón hasta 2027, con la posibilidad de extender el compromiso hasta 2047.

Navarro admitió que esa operadora es fuente de trabajo para muchas familias, pero contrapuso: “es lo que tiene que hacer, y no tenemos que ponerlos en un cuadro de honor por eso, porque explotan nuestro recurso”.

Y subió los decibeles del reproche al subrayar: “se puede llamar a otra empresa para hacerlo”. “Hay que barajar y dar de nuevo, para que ganemos todos” reclamó.

Así, pidió a PAE que “se retire”, para dejar la explotación del recurso en manos de “quien nos convenga”. Reprochó además que lo de la empresa en este conflicto fue “ganancia de pescadores”, ya que obtuvo el Petróleo Plus, por lo que reiteró: “tenemos que revisar urgentemente el contrato, y si no les gusta la forma en que se renegocia que se vayan”.

MANO NEGRA

Antes, y como lo hicieron todos los ediles, la concejal repudió los actos de violencia que afectaron al yacimiento durante la toma de los “Dragones” y exigió a la Justicia que investigue y caiga con el peso de la ley a los responsables, aunque dijo creer firmemente que no fueron los trabajadores, sino que “hubo manos negras”.

Pidió a las partes que acaten la conciliación obligatoria y enfatizó en la responsabilidad social de la operadora, “que venga alguien con poder y no tengan que pedir un cuarto intermedio para llamar a un 011”. De ese modo, responsabilizó a PAE por desencadenar el conflicto en función de que los trabajadores “esperaban una respuesta desde hace ocho meses”.

El radical José Gaspar señaló que no está mal que quien invierte pretenda ganancias, aunque sentó la diferencia entre ello y “obtener ganancias espurias, con explotación de la gente”. Y pese a que cuestionó las dimensiones del reclamo de los “Dragones”, dijo que hay cuestiones “que no suceden porque si” y que quienes tienen responsabilidades deben hacerlas públicas.

Fue tras ello que sostuvo que gracias a la posición dominante que tiene la operadora, somete a las contratistas a obligaciones “no escritas” en sus contratos, y que estas incluían por ejemplo a los “Dragones”.

“Ha habido empresas que han tenido más de un año a la gente en la casa cobrando, y esa plata era aportada por PAE. Eso hay que decirlo, se obliga a los contratistas a ciertas pautas porque no querían problemas en el yacimiento”, blanqueó el concejal para asegurar que Contreras y Skanska, las contratistas a las que la operadora les rescindió contrato el miércoles, debían cumplir con esas condiciones que les imponía Pan American Energy.

“Hay que ver si esta empresa no está inserta en alguna ley que nos permita sanciones que puedan llevar a la recisión del contrato”, advirtió Garpar y subrayó que en la renegociación de 2007 se generó “un contrato de mierda” donde todas las obligaciones recayeron en Provincia mientras que las de la empresa se supeditaron a que no se modificara el status quo. “Cada conflicto en yacimiento exime a la operadora de sus inversiones en el año”, recalcó y planteó que el actual conflicto los excusará de las inversiones que deben hacer este año.

¿SALE CONTRERAS,

ENTRA MANPETROL?

Tras indicar que la operadora se lleva 100 veces el monto que debe invertir, Gaspar se preguntó si detrás de este conflicto y la baja de contratos a las dos contratistas mencionadas, no está la intención de que preste servicios Manpetrol, la empresa propiedad de Bulgheroni que ya había intentado recalar infructuosamente en la cuenca. “¿Será ese el objetivo? ¿Dar trabajo a empresas amigas del poder?”, concluyó.

Desde el Modelo Chubut, Alicia Dubreuil acordó con la propuesta de revisar los contratos, aunque lo supeditó a una mesa de trabajo en el Concejo pidiendo que provincia “abra las orejas” y acepte las opiniones del cuerpo.

En tanto, Pablo Martínez (UCR), reclamó que no puede seguir sin resolución el conflicto y calificó como “vergonzoso” que se dicte la conciliación tras dos semanas.

Respecto de los actos vandálicos en el yacimiento, añadió: “alguien los permitió y acompañó en su momento” al indicar que dadas las medidas y normas de seguridad “alguien tuvo que abrirle la puerta y les dio la venia. Seguramente habrá responsabilidades políticas y penales”, afirmó.

Recordando su extracción gremial, Mario Soto (FpV) pidió mesura ante el conflicto y “no meter más presiones” para que pueda actuar la mesa de diálogo, y al exigir paz social “que se puede resolver en dos horas (en referencia a las negociaciones de la tarde de ayer)”, dijo que se hará eco de la revisión del contrato “más adelante”.

Admitió, sin embargo, que “esto va mas allá de un reclamo obrero, hay implicancias políticas y económicas que trataremos en sesiones que vienen, donde podemos demostrar por qué decimos esto”, anticipó.