"La utilización de la fuerza policial contra la población civil es una violación al derecho de protesta", fue el mensaje del socialista y ex candidato presidencial Hermes Binner.

"Espero que la propuesta de la Presidenta sobre discutir en serio sobre minería no se trate de pura retórica, que sea una propuesta sincera", se sumó el radical Ricardo Alfonsín, que anunció que presentará un pedido de informes en el Congreso sobre la represión en Tinogasta.

También Unidad Popular, el partido que lideran Claudio Lozano y Víctor De Gennaro, quiere llevar el tema al Congreso: presentaron un proyecto de repudio al desalojo de la ruta. "Impulsamos un debate parlamentario a fondo sobre la megaminería y el desarrollo sustentable", se sumó el presidente de la Coalición Cívica, Adrián Pérez.

Pero las imágenes de los heridos que desde temprano se conocieron conmovieron a todo el arco político, kirchnerismo incluido. "Jamás he estado de acuerdo con reprimir una protesta social o cualquier manifestación popular. Tampoco estoy de acuerdo con el uso de la violencia en Tinogasta, cualquiera sea la causa", escribió en la red social Twitter el senador Aníbal Fernández, aunque poco después borró su mensaje. No fue el único. La legisladora porteña kirchnerista María José Lubertino y el sindicalista Julio Piumato también habían repudiado el operativo.

Mientras tanto, desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) ponderaron el discurso de la Presidenta, de anteayer, y atribuyeron las protestas a sectores minoritarios y a la desinformación. Su secretario general, Damian Altgelt, señaló al respecto que "el uso de agua [en la megaminería] es muy bajo, como una finca de 700 hectáreas; y el uso del cianuro se realiza con absoluto control y estrictas normas de seguridad, porque además es un producto que se degrada naturalmente al entrar en contacto con el aire y el sol".

En la misma línea, la Minera Alumbrera señaló que "hay desconocimiento respecto a que la minería es compatible con otras industrias y ambientalmente sustentable", aseguraron que la empresa cumple rigurosamente con todos los controles ambientales y que nunca fue multada por alguna inobservancia.

En cambio, desde la organización ambiental Greenpeace, le sugirieron a la Presidenta que "escuche los planteos" de los pobladores si realmente quiere dialogar.