En diálogo con El Ancasti, Aguirre comentó que al tomar conocimiento del hecho a través de la afiliada, que justamente es empleada de la obra social, se ordenó iniciar una investigación administrativa interna.

"La investigación interna ya fue terminada y habría al menos un empleado de la obra social involucrado. Todo fue puesto en conocimiento del fiscal de Estado, quien ordenó llevar a cabo los procedimientos internos correspondientes y a la par realizar la denuncia penal por el tema de la presunta falsificación de documentos", destacó.

Según explicó, dos profesionales del sanatorio privado habrían realizado la solicitud de dos tomografías computadas a nombre de una afiliada a quien nunca se las hicieron.

Cuando la mujer se enteró de lo sucedido y se informó a las autoridades correspondientes, se inició la investigación.

"Ahora la Justicia deberá investigar la culpa penal que le corresponde al o los responsables del hecho", señaló Aguirre.

"Yo realicé la denuncia y presenté toda la documentación con la que contamos", sostuvo.

La denuncia se realizó en Fiscalía General y por las características del hecho sería girada a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública y Delitos de Investigaciones Especiales a cargo de los fiscales Marcelo Sago y Juan Pablo Morales.