En la víspera previo a la Sesión Ordinaria la titular del Instituto Provincial de la Vivienda, debía acudir a una reunión a la que había sido convocada al Senado por el bloque del PJ.
De este modo la arquitecta Adriana Krumpholz, en lo que inicialmente iba a ser una charla ahora deberá someterse a requerimientos diversos sobre el accionar del organismo por parte de los senadores de las diferentes bancadas.
El proyecto de resolución fue aprobado con la firma de los senadores Alfredo Jorge (Cerrillos), Jorge Soto (La Viña), Federico Segura (Güemes), Arnaldo Barboza (Anta), Juan Francisco Maita (Molinos), Bernardo Soriano (Los Andes), todos del PJ y de Raúl García (Metán), titular del bloque Identidad Renovadora.
Pedidos de Informe
A instancias de la senadora Claudia Silvina Vargas (Cafayate-UCR), el Senado aprobó tres pedidos de informes. El primero de ellos se elevará al ministro de Salud Pública para que un plazo de 5 días informe respecto de las acciones de Gobierno relacionadas al Desarrollo Infantil Temprano, Estimulación Temprana, sus efectores y resultados, así como las metodologías de aplicación de los programas que funcionan en relación a este tema.
El segundo al Ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, Maximiliano Troyano, para que en un plazo de 5 días informe sobre: a) qué cantidad de agencias de seguridad se encuentran registradas y habilitadas para funcionar en la Provincia de Salta. Acompañe el listado de dichas agencias, con el domicilio, responsables de las mismas y ámbito en los que se desempeñan cada una;
Y finalmente al Secretario General de la Gobernación y al Ministro de Trabajo y Previsión Social para que en un plazo de 5 días informen sobre:
a) Cuál es el encuadramiento legal que regula el funcionamiento de los denominados Call Center en la Provincia de Salta;
b) Modalidad contractual utilizada para la contratación de trabajadores de la actividad.;
c) Si existen denuncias por infracciones a la legislación laboral vigente por parte de los empleadores de dicho sistema y
d) Sanciones aplicadas por los organismos administrativos competentes a los prestadores que actúan en la provincia.



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