En enero, el CD la suspendió por un semestre. Ella dice que no tiene asidero legal y que irá a la Justicia.
Aunque está en posesión del cargo desde diciembre de 2007, la auditora municipal de Tinogasta, Rosa Muñoz, aún no pudo comenzar a controlar los gastos y actos institucionales de la comuna.
El 8 de julio se cumplirían los seis meses de suspensión que le aplicó el Concejo Deliberante en enero pasado, invocando el artículo 174 de la Carta Orgánica (CO) que habilita a tal suspensión en caso de que sobre un funcionario pesara una imputación.
Muñoz apeló administrativa y judicialmente esa suspensión por entender que no le correspondía: en primer lugar porque asegura que la imputación en su contra en la causa por supuestas irregularidades en el uso de regalías de la anterior gestión municipal no está firme (hay planteos de nulidad irresueltos) y porque el artículo de la CO citado para suspenderla, habla del procesamiento del funcionario, un paso procesal que ya no existe en el código actual. La Justicia aún no resolvió ese planteo.
Ahora, a días de vencerse el plazo de la suspensión, Quintar remitió al CD -que cuenta con mayoría oficialista- un pedido de renovación de la suspensión, invocando igual artículo de la CO.
Al tomar conocimiento de la pretensión de Quintar, Muñoz puso el grito en el cielo. Anticipó que si los concejales le dan cauce, presentará un amparo y destacó que, al fundamentar su pedido, Quintar omite incluir la segunda parte del artículo 174, que dice que si en los seis meses de suspensión la Justicia no resuelve la situación del imputado, volverá a sus funciones. "El artículo 174 dice textualmente: 'Los funcionarios o empleados con imputación firme de la comisión de delitos dolosos con incidencia funcional serán suspendidos de pleno derecho y sin goce de haberes. Si transcurridos seis meses de la resolución del procesamiento, la causa no se hubiese resuelto, el imputado podrá reasumir sus funciones sin perjuicio de lo que establezca posteriormente la Justicia' ", advirtió Muñoz.
CRONOLOGÍA
Rosa Muñoz concursó en 2007 el cargo de auditora municipal, que debería ocupar hasta 2102.
Cuando asumió el actual intendente dispuso su remoción. Ella apeló y en agosto de 2008, la Justicia ordenó su restitución.
Muñoz se quejó de que nunca pudo cumplir su función por los obstáculos que le puso el municipio: falta de reglamentación del funcionamiento de la auditoría, de presupuesto, etc.
En enero fue suspendida por 6 meses, a raíz de la imputación por irregular uso de las regalías mineras mientras fue secretaria de Hacienda de la gestión municipal de Hugo Ávila.

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