La zona en cuestión comprende 519 lotes en los que habitan más de 400 familias. Luego de realizar una manifestación pública, los vecinos criticaron el accionar de la Policía y reclamaron la falta de servicios, como la recolección de residuos.

Luego de la reunión, los vecinos destacaron la predisposición y el compromiso de solución asumido por el secretario de Tierras y su equipo técnico, para la solución del conflicto.

Según consta en los archivos del Registro de la Propiedad Inmueble, el plano existente de ese loteo corresponde al año 2007, lo que no se condice con el comienzo de la venta de los lotes, ya que los vecinos acreditaron recibos y contratos de ventas que datan hasta del año 2000.

Además, los habitantes denunciaron que las medidas estipuladas en el plano no corresponden con las que realmente poseen los lotes que habitan, perjudicándolos de manera significativa.

Estos planteos fueron realizados al secretario de Tierras y solicitaron a las autoridades pertinentes la nulidad del plano existente dado los vicios manifiestos y la intervención de la Cámara de Diputados para la expropiación de la superficie en cuestión.

Según lo manifestado por los pobladores, en el loteo residen cientos de familias, sumidas en extremas condiciones de pobreza, las cuales de acuerdo con un informe socioeconómico, no poseen los recursos necesarios para pagar las cuotas, de manera que requieren la intervención del Estado provincial, para afrontar esta situación.

En este sentido, Puy Soria expresó que el primer paso para la solución del conflicto fue la asamblea con los vecinos y posteriormente mediante la intervención del Estado provincial, el equipo de topógrafos de Tierras concurrirá al loteo para tomar las medidas reales de los lotes y realizar las medidas correctivas que sean necesarias.

Asimismo, el funcionario informó que “la gente está muy disgustada ante esta situación” y agregó que los asesores del área jurídica de Tierras receptarán toda la información provista por los habitantes del loteo a fin de solicitar la intervención de la Cámara de Diputados y encaminar el conflicto hacia un final positivo.

Respecto de las sanciones o medidas legales que el Estado provincial tomará para con el vendedor de estas tierras, Puy Soria expresó que “la independencia de los poderes es fundamental en cuestiones de este tipo” y agregó que si cabe la intervención de la Justicia, la misma deberá actuar en consecuencia.

“La Secretaría de Tierras tiene la voluntad para resolver esta situación y aportar el trabajo de su personal especializado para dar solución definitiva al conflicto”, concluyó el funcionario