Lo aseguró el titular de la Dirección de Desarrollo Territorial, Vicente Abate. Comenzó un proceso para regularizar 800 mil hectáreas. La expropiación anunciada por el gobernador.
Abate explicó que esta filosofía será la que se aplicará para entregar tierras, tanto cuando la decisión se ampare en la ley de Puesteros como en la de Colonización.
Teniendo en cuenta este objetivo, el organismo trabaja con la Subsecretaría de Agricultura Familiar, con la intención de que acompañe a los productores en la elaboración y seguimiento de los proyectos.
El funcionario dijo que la entrega de tierras fiscales implica un beneficio para los pobladores, pero también una serie de deberes que deben acreditar, para que no les quiten la superficie.
Los habitantes no pueden vender o ceder la tierra por un período de diez años, de acuerdo a lo que estipula la normativa vigente.
Pese a esto, cuando el grupo Walbrock -de capitales malayos- adquirió una gran superficie en Malargüe, se dio a conocer que un porcentaje de esas tierras eran fiscales, ya que habían sido entregadas a distintas comunidades, que posteriormente las vendieron.
Abate explicó que trabajan en una serie de reformas, que permitirá controlar que las tierras no sean vendidas.
Regularización de tierras
La dirección está inmersa en la regularización de 800 mil hectáreas.
El organismo, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente, está inmerso en un proceso que permitirá la regularización de unas 800 mil hectáreas en las que habitan puesteros y colonos.
Para lograr este objetivo, se obtuvo un préstamo internacional, que llegará a través del Programa de Servicios Agrícolas Provincias (Prosap), que servirán para pagar entre otros ítems las mensuras de las tierras.
El gobernador, durante su discurso del 1 de Mayo anunció su intención de expropiar tierras a quienes tengan una deuda con Irrigación superior al avalúo de la superficie y que no estén en producción.
En este caso, las tierras no son fiscales sino privadas pero, si se aprueba el proyecto de ley, el Estado las expropiará. La intención es entregarlas a quienes tengan proyectos productivos, contemplando lo estipulado en la Ley de Colonización.
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