Aprobaron una ordenanza que establece la obligación para los dueños de inmuebles de ceder parte de sus ganancias cuando el incremento patrimonial se produzca por decisiones del Estado.
En esos casos, el propietario beneficiado deberá ceder un 30% de su incremento patrimonial al municipio mediante la cesión de tierras, la construcción de obras de infraestructura pública u otras formas de cumplimiento "que satisfagan el interés de la ciudad".
La norma indica puntualmente que la prioridad de estas compensaciones será la de asegurar "el desarrollo urbano en los sectores más vulnerables de la sociedad".
En contra de lo que proponía el texto inicial, la ordenanza excluye expresamente la transferencia de dinero en efectivo.
En el último tiempo hubo en Bariloche numerosos emprendimientos inmobiliarios que consiguieron aprobación municipal de ventajosos parcelamientos, mayores usos de suelo, nuevos "parámetros" urbanísticos o cambios de zona, cuya aplicación multiplicó en forma automática el valor de la tierra. Pero esa plusvalía, en casi todos los casos y salvo algún acuerdo parcial y voluntario, fue embolsada enteramente por los particulares.
La norma aprobada ayer le asegura al municipio la participación en un 30% de ese incremento de valor cuando tenga exclusivo origen en "la acción urbanística estatal".
El proyecto fue impulsado por el concejal del ARI Darío Rodríguez Duch, en coautoría con otros cuatro ediles de diferentes bloques, y llevó más de dos años de análisis, en los que sufrió varios recortes.
El texto sancionado ayer excluye de la intervención estatal en la renta urbanística a los emprendimientos "hotelero-turísticos" y también a las "pequeñas y medianas empresas que favorezcan el desarrollo sustentable de la ciudad y la región". De esta manera, el gravamen apuntaría especialmente sobre los loteos de alta gama, barrios cerrados y emprendimientos similares.
Una "simulación" encargada por el Deliberante al Colegio de Martilleros de Bariloche determinó por ejemplo que con la nueva normativa el proyecto urbanístico Dos Valles (aprobado un año atrás) hubiera tenido que pagar 6 millones de dólares por la renta diferencial obtenida.
En tanto, al hotel de la familia Falaschi autorizado por excepción hace algunos meses en la calle Vicealmirante O'Connor le correspondía un gravamen de 125.000 dólares.
El debate de ayer incluyó intervenciones de alto contenido ideológico y finalmente la ordenanza fue aprobada con nueve votos a favor y dos en contra.
El principal opositor fue el concejal de SUR Hugo Cejas, quien vaticinó que la nueva norma va a "espantar inversiones" y atentará contra el turismo, al que definió como la principal actividad económica de la ciudad.
Otros ediles refutaron cada uno de sus argumentos. Por caso, Laura Alves (UCR) aseguró que sin intervención del Estado el turismo "es un negocio que beneficia a unos pocos y no genera un derrame al resto de la sociedad".
Comentá la nota