El destituido intendente Juan Carlos Tierno pidió la nulidad y la inconstitucionalidad de esa resolución del Superior Tribunal de Justicia en la causa en la que tiene que ir a juicio oral y público por el delito de abuso de autoridad.

El tema es así: Tierno, por tercera vez, recusó al juez Néstor Ralli, quien debe realizar el juicio oral y público contra él y otros cuatro funcionarios de su corta gestión de 87 días al frente del municipio, ya que desde agosto de 2008 están procesados por el juez del Tribunal de Impugnación, Pablo Balaguer. En estos casi cuatro años la mayoría de ellos presentó todos los recursos y objeciones habidas y por haber para retrasar el juzgamiento y tratar de lograr la prescripción de la acción, algo que no han logrado.

Ante la recusación, Ralli -que ha sido confirmado como juez de juicio en las dos ocasiones anteriores- la elevó a la Cámara en lo Criminal 1 para que se pronuncie. Este tribunal está formado por Hugo Díaz, Carlos Novaretto y Vagge. Tierno aduce que la designación de éste último es inconstitucional y debe ser anulada porque el juez provincial de Faltas no está autorizado por ley a subrogar a ningún funcionario. Aún así, el STJ lo nombró temporariamente hasta que se designe al reemplazante del jubilado Arturo Tito Fresco. LA ARENA había advertido a principios de abril que esta situación podría ocurrir dada la ilegalidad de esa resolución.

Los otros sospechosos del caso son la actual concejal de Comunidad Organizada y ex coordinadora general del municipio, Viviana Rodríguez; el ex concejal del PJ y ex secretario de Hacienda, Oscar Vignatti; la ex directora Acción Social, Blanca Soto; y el ex secretario de Gobierno, Juan Carlos Fasce.

El abuso de autoridad es una figura que se aplica al funcionario público que "dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere", y se sanciona con entre un mes y dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo. Eso último no es un dato menor porque una eventual condena les impediría ejercer cargos públicos por un tiempo.El expediente se abrió a partir de una denuncia de los concejales del Frepam contra Tierno por haber aprobado el presupuesto municipal y la Ordenanza Tarifaria 2008 a través de una resolución del Departamento Ejecutivo, pese a que ello es una facultad indelegable del Concejo Deliberante. A priori el presunto delito fue cometido el 17 de enero de 2008 cuando los ex funcionarios firmaron la resolución 21/08.