Por primera vez desde 1983, el Poder Ejecutivo podrá designar de una sola vez a cuatro vocales del mismo tribunal; es decir, a dos tercios de las vocalías originales de la Cámara en lo Civil y Comercial Común de esta capital, que funciona con dos magistrados desde hace tres años. Por orden de mérito definitivo, los aspirantes son Edgardo López Herrera; la relatora Laura David; Benjamín Moisá; el juez Ricardo Molina, Jesús Abel Lafuente y la relatora María del Pilar Amenábar.

El asunto adquiere un significado aún mayor por sus complejos antecedentes: el listado de seis finalistas que el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) envió al gobernador, José Alperovich, surge del primer proceso de selección de jueces convocado por el órgano nacido a finales de 2009. Este concurso ha sido el más difícil de todos los hasta aquí celebrados: gran parte de los 24 meses que requirió su sustanciación estuvo paralizado a raíz de las medidas cautelares que dictó la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) a instancias de concursantes disconformes con la corrección de la etapa de la oposición.

Ese contexto de judicialización acarrearía todo tipo de vicisitudes. Para empezar, el CAM se vio tempranamente excluido de los Tribunales (la Corte le negó la legitimación procesal), decisión que obligó a la Provincia -o sea, al PE- a asumir la representación del Consejo. Luego, el alto tribunal, con composiciones y mayorías diferentes, emitió dos tipos de sentencias distintas respecto de los mismos planteos. En el primer caso (el impulsado por la postulante Amenábar), declaró de oficio la inconstitucionalidad del requisito del puntaje mínimo para pasar a la entrevista, tercera y última etapa del concurso. En los otros cinco juicios (promovidos por los postulantes Carlos Arraya, Dolores Leone Cervera, Raúl Bejas, Alejandra Vallejo y Pedro Wenceslao Lobo), en cambio, la CSJT resolvió que, frente a la impugnación de la corrección de la prueba escrita, la consulta al jurado de la oposición era obligatoria y no facultativa como había interpretado el CAM.

En paralelo a los pleitos judiciales (y como consecuencia de ellos), en septiembre de 2010 el alperovichismo accedió a impulsar una reforma a la Ley 8.197, de creación del CAM, que modificó la pauta primitiva del puntaje mínimo (bajó aquel piso de 60 a 54 puntos); reemplazó al quinteto por la terna; suprimió los concursos múltiples (cuyo ejemplo consumado es, justamente, el de la Cámara Civil y Comercial Común de esta capital); incrementó la autonomía presupuestaria del órgano, y le concedió a este la facultad expresa para intervenir en juicios.

Mientras tanto, las sentencias de la CSJT quedaron firmes por el rechazo de los recursos extraordinarios interpuestos para discutir las resoluciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así fue que, a finales del año pasado, el CAM pidió al jurado integrado por Raúl Etcheverry, Daniel Moeremans y Carlos Ibáñez que revisara las impugnaciones de Arraya, Leone Cervera, Bejas, Vallejo y Lobo. El 5 de diciembre pasado, por fin, el tribunal ratificó todas las correcciones cuestionadas. De modo que, respecto de los postulantes mencionados, el concurso volvía a estar como en mayo de 2010, cuando quedaron eliminados por no reunir el puntaje mínimo para pasar a la entrevista.

Distinciones

La Justicia colocó en mejor posición a Amenábar, que, pese a que tampoco contaba con los 60 puntos reglamentarios (sólo consiguió 57 entre la calificación del currículum vítae y de la oposición), llegó a la tercera etapa del proceso de selección junto a los cinco concursantes que sí habían superado el piso requerido (el fallo de la CSJT, con la mayoría encabezada por el vocal decano René Goane, ordenó al CAM que entrevistara a Amenábar tras desmontar el sistema de fases eliminatorias previsto en la ley). En el ínterin, la aspirante María Isabel Bravo -64 puntos-, designada como vocal de la Cámara en lo Civil y Comercial Común de Concepción, renunció a este proceso de selección.

Como consecuencia del diferente desenlace, el juez Arraya y la letrada Leone Cervera intentaron nuevos planteos ante la Corte, que esta terminó desestimando sin más trámite. En ese clima, el CAM entrevistó a los seis postulantes con la presencia, por primera vez, del consejero Goane, que llegó al acto para reemplazar a Daniel Posse, vocal de la CSJT y presidente del CAM, justo cuando el órgano se disponía a interrogar a Amenábar (Posse se excusó de intervenir en este caso porque la aspirante se desempeña como su relatora).