Pese las objeciones de los feriantes, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el proyecto del oficialismo y el MPN para regular la venta callejera en la ciudad consiguió ayer despacho con la firma de cinco concejales de la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante.

Mientras el proyecto fue discutido en la comisión, un nutrido grupo de feriantes se concentró afuera del edificio para mostrar su oposición al proyecto. Referentes del Inadi y de la Defensoría del Pueblo manifestaron la opinión de los feriantes dentro de la comisión y aseguraron que el proyecto de ordenanza tiene “rasgos discriminatorios”.

El presidente de la Comisión de Legislación, el concejal del ARI Juan José Dutto, aseguró que no es “discriminación”. “Es control, en todo caso podremos hablar de rigurosidad”, indicó.

El edil destacó que pese a que se firmó el despacho, se seguirá atendiendo a la gente así como se realizaron modificaciones. “Si es un cambio necesario estamos abiertos a hacerlo siempre y cuando no se pierda el espíritu de esta ordenanza que es facilitar el trabajo para que la gente pueda tener un ingreso pero con el debido control que necesita hacer el municipio”, agregó. Ante las objeciones de la Defensoría y el Inadi, aseguró que las considerarán y destacó que la ordenanza vigente es más restrictiva.

“Es más flexible porque muchos rubros que están incorporados ahora. Es mucho más inclusiva y flexible que la Ordenanza 1010. No puede ser considerada una discriminación pedirle DNI -para certificar que es la persona habilitada-. Cómo el municipio va a perder la potestad de controlar”, se preguntó.

El defensor adjunto del Pueblo, Néstor Arce López, rescató que en los considerandos se establezca el concepto de economía social entendido como aquellas actividades productivas desarrolladas por sectores sociales de vulnerabilidad y que, como tal, se reconozca a esa herramienta de inclusión social y de subsistencia. “Sin embargo, se establece que sería beneficioso trazar pautas de igualdad con otros comerciantes. Vemos una contradicción porque estamos asimilando a sectores que son desiguales. Y en función de eso puede darse tratos discriminatorios”, señaló. Además, Arce López dijo que la discriminación “también es un concepto jurídico, reside en tratar de forma diferente a iguales o tratar de forma similar a desiguales”.

Otra de las objeciones que planteó fue que la comisión coordinadora debe representar al colectivo de feriantes frente al Estado, al Municipio. Dijo que por un lado se le reconoce que sea elegida libremente y, por el otro, se le impone tareas propias del Estado. “Y encima sino colaboran se otorga la facultad de disolverlo. Eso tiene que ver con un Estado autoritario”, advirtió Arce López, junto al defensor del Pueblo Ricardo Riva.

Por su parte, el, representante de la delegación de Inadi en Neuquén, Gustavo García, discrepó con uno de los requisitos de los feriantes que debe presentar certificados de antecedentes, una antigüedad de dos años de residencia, en detrimento de los productores de Plottier y Senillosa.

“Si uno lee este proyecto puede llegar a pensar que se trata de regular a falsificadores, estafadores, ex convictos y violentos. Esta ordenanza no colabora a la generación de empleo ni contribuye a la inclusión. Espero que sea mejorada. Hoy esta norma es de alto contenido discriminatoria”, apuntó. No obstante, entiende que no son discriminadores los concejales que lo avalaron.

“El proyecto es en contra de las ferias, restringe a las personas a participar. Para vender hay que tener dos años de residencia, en cambio para poner un comercio común no te lo piden. Exigen certificado de antecedentes cuando para poner un comercio común no te lo piden. Venimos a discutir esas cláusulas, pedimos que se respete la economía social. No se mide de la misma manera que el comercio tradicional, acá se está jugando con la desesperación de la gente. Somos gente trabajadora que encontramos la solución económica en la feria”, advirtió el feriante Gerardo Tcach.