Lejos quedaron los discursos con alto grado de belicosidad entre el intendente Pulti y los popes de la industria pesquera marplatense. Era en el 2008 cuando estaba en plena ebullición la puja por el cobro de la Tasa de Inspección Veterinaria.
“Podríamos contratar 70 médicos y 80 enfermeros por un año. Podríamos comprar 20 ambulancias o pagar todo lo que gastamos en un año en nuestras emergencias médicas, además de contratar 30 médicos”, decía el Secretario de Salud, Alejandro Ferro.
Por su parte, la ex titular de Desarrollo Social, María del Carmen Viñas, sostenía que “podríamos dar un lugar seguro y seco -que está dentro del Plan Hábitat- a cerca de 3 mil familias. Podríamos estar dando alrededor de 2 mil becas a chicos que están en situación de vulnerabilidad. Podríamos también pensar en nuestros adultos mayores. Podríamos hacer 20 casas protegidas por la Municipalidad para que ellos puedan habitar”.
Por último, el Secretario de Obras Manuel Regidor, declaraba que “se podrían colocar luminarias en 300 cuadras de los barrios de la ciudad de Mar del Plata, o realizar 40 cuadras de pavimento nuevo u organizar bacheos en 400 cuadras”.
DOBLE AGENTE
Ahora quien fue capaz de hacer el milagro de reunir a las partes en torno a una misma mesa no fue otro que Mariano Retrivi, en su doble rol de empresario pesquero y Delegado Municipal del Puerto.
Fue el mismo Retrivi que, en su carácter de Gerente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, le envió una carta al intendente Pulti oponiéndose a pagar la Tasa de Inspección Veterinaria en junio de 2008.
El ahora integrante del Gabinete Municipal hablaba de “una deuda inexistente” y pedía que se suspendan o quedaran sin efectos las cartas documentos enviadas por el gobierno municipal a los empresarios del puerto “con la intención de llevar tranquilidad a nuestros Asociados”, decía Retrivi.
En septiembre de 2009, el intendente Pulti, acompañado por Delegado-empresario Retrivi, anunciaron la firma de una carta de intención entre el Ejecutivo y varias cámaras pesqueras que se mostraron dispuestas a financiar obras de mejora de infraestructura urbana en la zona fabril del puerto.
El acuerdo fue celebrado y destacado por Pulti al momento de su rubrica. Pero lo que no dijo el intendente es que a cambio se condonaría una deuda que tienen las empresas por la Tasa de Inspección Veterinaria que ronda los 40 millones de pesos.
En la última sesión, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría el expediente que establece arreglar las calles de la zona portuaria con un aporte financiero de 8 millones de pesos de las industrias del sector a cambio de condonarles la millonaria deuda a los empresarios. Ahora, sólo resta que sea sancionada la ordenanza en una asamblea de concejales y mayores contribuyentes, prevista para la semana que viene.
CONFUSION DE INTERESES
Los concejales José Cano (Autonomía Municipal), Fernando Arroyo (Frente es Posible) y Guillermo Schütrumpf (GEN) denunciaron este jueves que “la firma BP San Jorge SA cuyo propietario es el Delegado del Puerto, Mariano Retrivi, tiene una deuda con la Comuna de 105.521 pesos, y no aportará nada para el arreglo de las calles”.
A su vez, los ediles expresaron su apoyo a las empresas portuarias que exigen “transparencia y equidad en el trato acerca de la contribución por mejoras para el arreglo de las calles del puerto”.
Según se desprende en un cruce de tasa de inspección veterinaria y la contribución por mejoras realizado por el concejal Cano, el conjunto de algunas empresas, sumarían un total de $15.390.074 en deuda y aportarían solo $582.074 para el arreglo de calles. Asimismo, se puede observar que algunos adeudan un monto de $1.749 y deberían contribuir con $203.311.
En ese sentido, Arroyo, Cano y Schütrumpf le reclamaron “transparencia” al gobierno de Pulti. “El Ejecutivo no brinda los datos acerca de la totalidad de la deuda de la tasa de inspección veterinaria, lo que nos lleva a los concejales a compensar una deuda con una contribución, cuyos montos desconocemos y reconocemos la inequidad que de esto resulta. El prorrateo propuesto hace que los que mas deben aporten proporcionalmente menos que los que menos deben e incluso obligando a otros que no están obligados al pago de la tasa de inspección a la contribución”, afirmaron los ediles.
También, denunciaron “confusión de intereses” por parte del Delegado del Puerto Mariano Retrivi. “La firma BP San Jorge S.A. cuyo propietario es Mariano Retrivi tiene una deuda de 105521 pesos, y no aportará nada para el arreglo de las calles”, puntualizaron.
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