Dos productores agropecuarios y un aeroaplicador son juzgados por el supuesto delito de “contaminación dolosa”. Pero más allá de la actitud de los acusados el juicio histórico que se ventila en la Cámara Primera del Crimen, entre otras incógnitas, deja abierta una pregunta: ¿Por qué el Estado (municipal y/o provincial) nada hacia para evitar esas fumigaciones? ¿Só con ordenanzas y sin ningún control se podían evitar?

En la séptima audiencia del debate, que podría finalizar el próximo lunes en la recolección de pruebas para pasar a la etapa de alegatos, dejó entrever la responsabilidad municipal y falta de políticas integradoras (más alla de las diferencias políticas) para enfrentar la situación de barrio Ituzaingó Anexo, la que un especialista calificó como “el Cromañón ecológico”.

Walter Sosa, un vecino que vive en el barrio desde hace 25 años, dijo al tribunal que «los funcionarios municipales son los que deben dar una solución». De inmediato agregó: «Yo pienso que ellos son responsables de todo esto».

El hombre, que perdió su esposa por un cáncer que se ramificó en meses y le causó la muerte, contó su desesperación luego que le notificaran que sus hijas de 15 y 9 años tienen agroquímicos en la sangre, según el último estudio realizado en el barrio.

«No los dejó ni salir a la calle y los tengo encerrados», comentó Sosa al referirse al cuidado de sus tres hijos.

El hombre, que reconoció a los acusados Francisco Parra y José Gabrieli por su trabajo como cartero, dijo haber visto una avioneta de noche y de día que supuestamente fumigaba el campo próximo a la barriada.

Integral y participativo

Otro que hizo referencia a la responsabilidad del Estado fue el doctor Ariel Rubén Depetris, el autor del primer informe técnico sobre la situación sanitaria de barrio Ituzaingó Anexo que derivó en un plan de medidas.

En su declaración, que se extendió por más de dos horas, el facultativo que tiene un posgrado en Epidemiología sostuvo que cuando inició su investigación observó la falta de una gestión unificada, integradora y participativa.

«Había una necesidad clara de coordinar un plan de acción, ya que la Universidad, el municipio, la Provincia, las ONGs y el Centro Vecinal hacia tareas distintas y sin resultados», dijo el médico.

Depetris recalcó que «hay que apelar al trabajo en red» para enfrentar estas problemáticas ambientales en el que se tiene que tener en cuentael contexto histórico, social y ambiental del barrio.

En otro párrafo, el representante por entonces de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que «basta sólo el peligro y no el daño para actuar», en relación a la presencia de contaminantes orgánicos permanentes, pero muchas veces falta la decisión política para trabajar en la prevención.

El médico contó sobre los estudios realizados en los niños del barrio, realizados en los años 2005, 2007 y 2010, cuyos resultados indicaron la presencia de agroquímicos en la sangre. De este último estudio, que aún no se ha elaborado el informe final, surgió que el 80 por ciento de los chicos (un total de142 controlados) tiene presencia de residuos organoclorados. Lo llamativo, a diferencia de los otros años, es que apareció el endolsufan como uno de los tóxicos.

Aunque reconoció que su informe no tuvo la conclusión que ansiaba, dijo que «el barrio fue muy manoseado y poco contenido».

Depetris reconoció la peligrosidad de los agrotóxicos, aunque aclaró que la causalidad de enfermedades como cáncer o leucemia son una probabilidad.