Severo fue gerente de la empresa Ferrobaires y se presentó voluntariamente a declarar un día después del crimen de Ferreyra, el 20 de octubre del 2010, luego de que su casa fuera baleada, y culpó del hecho al secretario de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.

Allí reveló que había sido convocado por un delegado a impedir el corte de la vías que planeaban los tercerizados con apoyo de militantes del Partido Obrero, como Ferreyra, y que el grupo de la Unión Ferroviaria guardaba armas en un galpón de las estación Constitución.

Durante su secuestro de casi un dia, Severo -–según declaró- fue amenazado para que "me deje de joder con el ferrocarril, que ni la Policía, ni los derechos humanos, ni la Presidenta me iban a salvar”.

En el juicio están siendo juzgados diez integrantes de la patota ferroviaria, entre ellos Pedraza y su adjunto, Juan Carlos Fernández, y siete policías acusados de no que hacer nada para evitarlo.