Desde el mismo momento en que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su funcionario “estrella” Axel Kicillof (actual viceministro de Economía) anunciaron el plan para construir 400 mil viviendas, se puso de manifiesto que era una aberrante mentira. El diario Hoy fue el único diario del país que se atrevió a denunciarlo en su tapa, y los hechos no hacen más que corroborar esa situación.

Concretamente, la directora de Tierras de la Municipalidad de La Plata, Leticia Zabala, ayer reconoció que el 95% de los terrenos fiscales que estaban previstos utilizar en el mencionado plan habitacional están ocupados por familias y emprendimientos productivos. En otras palabras, el anuncio de Cristina Kirchner es la nada misma en la región, ya que ni siquiera se hizo un relevamiento previo acerca de la disponibilidad de los espacios a ocupar.

“Yo lamento decirlo, pero los vecinos lo tienen que saber”, dijo la funcionaria en declaraciones a Radio Provincia. Y agregó: “Tanto las tierras fiscales municipales como provinciales de La Plata están ocupadas en un 95%”.

Zabala agregó que esta situación se da “debido a la falta de regularización dominial y la falta de políticas de tierras que no hemos tenido durante años”.

“En los terrenos hay casillas y emprendimientos productivos. Con estos últimos, nosotros los vamos a tasar con el ente del ex Banco Municipal, para saber el valor inmobiliario que tienen y los vamos a intimar para que paguen, bajo apercibimiento de tomar posesión de los terrenos. En el caso de las familias también se va a realizar una tasación, pero en ese caso le vamos a dar la oportunidad del pago en cuotas. Pero tienen que pagar”, dijo Zabala. Y concluyó: “Ese dinero tiene que ir a un fondo especial que nos permita a nosotros poder comprar tierras”. Este proceso podría durar años hasta que el municipio pueda reunir los recursos que permitan realizar dichas operaciones inmobiliarias.

Desde el gobierno bonaerense se había anunciado que se enviará a la Legislatura un proyecto para disponer de tierras fiscales a favor del plan. Según se detalló, las 170 hectáreas que ya fueron identificadas pertenecen a los municipios de Bahía Blanca, Campana, Lomas de Zamora, Chivilcoy, Olavarría, General Pueyrredón, Pilar, Hurlingham, Pergamino y Lanús.

La Plata, en tanto capital provincial, también estuvo incluida en ese listado, pero las declaraciones de la funcionaria bruerista ponen de manifiesto que el programa de la administración K es una falacia ya que, a la falta de terrenos, se le suman otras incongruencias económicas. Irremediablemente, el mencionado plan terminará teniendo el mismo final que el resto de los planes hipotecarios anunciados, en los últimos nueve años, por el Gobierno nacional.

Desde la UCR hablan de demagogia

Las autoridades nacionales del radicalismo cuestionaron ayer el “inocultable propósito demagógico” del plan de construcción de viviendas anunciado por el Gobierno nacional con fondos de Anses y exigieron al oficialismo que cumpla con fallos de la Corte Suprema y respete la coparticipación.

Luego de que la Corte Suprema le exigiera al organismo dirigido por Diego Bossio un informe detallado sobre los recursos existentes para cumplir con las sentencias judiciales a los jubilados, los radicales advirtieron que “el oficialismo se arroga el derecho de elegir qué sentencias” del máximo tribunal va a cumplir.

Allí recordaron que a través de Bossio el Gobierno “dijo que no puede cumplir con las decisiones de nuestro más alto tribunal respecto de la actualización de las jubilaciones -fallos “Badaro” y “Eliff”-, lo que conduce a la inmoral consecuencia de condenar a millones de jubilados a tener que recurrir infructuosamente a la Justicia para obtener lo que en derecho les corresponde”.

En un comunicado firmado por el titular partidario Mario Barletta y los jefes de los bloques legislativos Ricardo Gil Lavedra y Luis Naidenoff, además se quejaron de que el Gobierno “tampoco cumple con los requerimientos constitucionales de la coparticipación federal”.

En foco

Un plan que no cierra por ningún lado

La verdad es que nos hubiese gustado equivocarnos cuando, desde las páginas de este diario, anticipábamos que el plan para construir viviendas del Gobierno nacional era una falacia absoluta. Pero los hechos no hacen más que darnos la razón, siendo una clara muestra que ni siquiera se hizo un relevamiento de los terrenos fiscales donde, en teoría, estê previsto levantar las supuestas viviendas.

La realidad es que el plan no cierra por ningún lado. Por un lado porque la industria de la construcción, que en nuestro país está concentrada en un puñado de empresas, no puede abastecer la cantidad necesaria de cemento, acero y aluminio que requeriría construir 100 mil viviendas por año. Actualmente, en la Argentina, la actividad privada construye 50 mil inmuebles por año y existen innumerables problemas con los materiales, ya sea porque deben ser importados o porque la producción nacional resulta insuficiente para satisfacer la demanda, lo que se traduce en precios exorbitantes.

Por otra parte, los recursos con los que Gobierno nacional dice querer llevar adelante el plan no están disponibles. La caja de la Anses, que viene siendo sistemáticamente saqueada para financiar los proyectos políticos del Gobierno, está en la mira de la Corte Suprema ante el colapso generando en torno al incumpliendo del régimen de movilidad, lo que llevó a que cientos de miles de jubilados recurrieran a los tribunales para que se actualicen sus haberes.

Actualmente, el 75% de los pasivos perciben el haber mínimo, porcentaje que duplica lo que ocurría hace diez años. Y la situación, en el corto plazo, podría ser peor aún si se implementa el plan tal como lo anunció el kirchnerismo: dar créditos con los fondos jubilatorios, cobrando una tasa de interés que es la mitad que la inflación real, significa terminar de vaciar la Anses.

Tampoco es posible conseguir financiamiento internacional. Los mercados miran con desconfianza al gobierno de Kirchner: la Argentina sólo puede acceder a préstamos a tasas de alrededor del 18%, el doble de lo que se le cobra a países en bacarrota como Grecia.

Lo que resulta imperdonable es que el kirchnerismo está jugando con las necesidades de los sectores populares y de clase media, a los que cada vez se les hace más difícil cumplir con el sueño de la casa propia. Problemas tan complejos requieren verdaderas políticas de Estado que se podrían elaborar a partir de planes estratégicos que contemplen, por ejemplo, iniciativas para desarrollar la industria de la construcción y para direccionar la exorbitante renta financiera hacia créditos accesibles que hoy brillan por su ausencia.