Después de cuatro horas y media que duró su alegato, el fiscal federal general Alfredo Miguel Terraf pidió prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez, Roberto “El Tuerto” Albornoz y Luis De Cándido por los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de genocidio contra las 22 víctimas que estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura de Policía. En el caso de Carlos De Cándido pidió 4 años de prisión por los delitos de usurpación y encubrimiento. El fiscal también solicitó para todos ellos que sean revocados los beneficios de prisión domiciliaria y sean alojados en el penal de Villa Urquiza.

Terraf aseguró ayer que, durante el segundo juicio por violaciones a los derechos humanos que se celebra en Tucumán, quedó demostrada la "minuciosidad y planificación" con que operó el terrorismo de Estado durante la dictadura militar y pidió en su alegato que los delitos que se juzgan sean considerados de "lesa humanidad que, además de ser imprescriptibles, respondían a un plan sistemático".

“Un hecho histórico”

En el momento de efectuar su alegato, Terraf destacó como "un hecho histórico" las carpetas entregadas por un testigo y sobreviviente de la represión (Juan Carlos Clemente), en las que consta lo que "trágicamente sucedía en la Jefatura de Policía de la provincia, donde funcionaba el Servicio de Información Confidencial (Sic)".

"En esas carpetas figuran los nombres de 293 personas que pasaron por la Jefatura de Policía, 195 figuran con la trágica sigla 'DF', lo que significa que estaban sometidos a 'disposición final'. En otros casos consta que habían quedado en libertad o que habían pasado a disposición del Poder Ejecutivo", subrayó.

Terraf insistió en que "la lista constituye una prueba histórica, porque es la primera vez que los organismos defensores de los derechos humanos, así como los familiares de víctimas y todos podemos conocer, qué fue lo que ha pasado con las personas que figuran en esa lista".

Hace dos semanas, al brindar su testimonio, Clemente facilitó al tribunal documentación confeccionada por el Sic, que funcionaba en la Policía provincial, donde lo hicieron cumplir funciones (en la oficina de Archivos) luego de haberlo secuestrado en julio de 1976 por su militancia peronista.

En un momento de mucha emotividad, Terraf subrayó que, durante la dictadura militar, imperaba "la nocturnidad, la capucha, el terror, la patota, y usar el pelo largo o barba convertía a las personas en peligrosas, al mismo tiempo que un libro en una mano significaba que quien leía portaba, prácticamente, una ametralladora".

Terraf, que pidió la máxima pena para los imputados, requirió expresamente al tribunal que preside Carlos Jiménez Montilla que los delitos que se investigan en la causa sean declarados como de "lesa humanidad que, además de ser imprescriptibles, respondían a un plan sistemático".

De acuerdo con el cronograma establecido, los alegatos continuarán hasta el 7 de julio, para que el día siguiente pueda ser leída la parte resolutiva de la sentencia del tribunal, que pondrá fin a la causa en la que se investiga el destino de 22 víctimas que fueron secuestradas y estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura de la Policía de la provincia.