El listado es largo y contiene de todo tipo de asunto. Se trata de 653 expedientes de la Cámara de Diputados. Estos contienen proyectos de ley que duermen en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Algunos son recientes y se justifica su permanencia, otros datan del año 2005. La nueva composición de esa comisión legislativa de la Cámara Baja debate qué hacer con todos esos documentos.

"LAC es donde van a parar todos los proyectos", justificó el flamante presidente de la comisión, Alejandro Viadana (PJ), para luego relatar que antes de que cambiara la conformación de la cámara, se mandaron a archivo un sinnúmero de expedientes que dormían desde hacía tiempo. "Silvia Cardozo hizo mucho para mejorar esto", sentenció Viadana en defensa de su antecesora.

Pero lo cierto es que los legisladores debutantes en la comisión se anoticiaron de la situación el martes pasado, cuando se realizó la primera reunión de LAC después del recambio.

Lo único concreto es que, a partir de ahora, además de la tarea que se le viene a la comisión, se le sumará la de analizar cada uno de esos proyectos, ver si alguno aún tiene alguna validez como para trabajarlo y mandarlo al recinto para su aprobación o bien mandarlo a archivo.

No es para escandalizarse por este hecho, salvo por el impacto ambiental de juntar papeles que nunca serán leyes. Es común que haya proyectos que apenas son borradores y que quedan pisados sin avanzar en el trámite legislativo por la oportunidad política, por lo impensable o porque son inconvenientes. Lo que llama la atención es el número: 653 expedientes que contienen más proyectos que ese número, dado que muchas veces cada carpeta reúne dos o más iniciativas sobre un mismo tema.

"Tanto en Hacienda y Presupuesto como en LAC siempre la preside alguien del oficialismo y siempre se reservan la mayoría. Son dos comisiones clave. Hay mucho acumulado, pero supo haber como tres mil expedientes que reducimos a poco más de 600", dice uno de sus miembros, Daniel Cassia y la explicación da la pauta de por qué los expedientes duermen: los oficialismos suelen hacer pesar su criterio y la oportunidad para que algunas propuestas vean la luz y otras queden pisadas.

Las iniciativas corresponden a muchos viejos conocidos de la Casa de las Leyes, algunos que aún siguen transitando sus pasillos y otros que ya pasaron al olvido. Por ejemplo, hay una reforma al Código Procesal Civil de Mendoza presentada por el senador Carlos Aguinaga (quien aún se sienta en una banca del bloque PD). La iniciativa viene con media sanción de la Cámara alta, ingresó a Diputados en mayo de 2005 y aún duerme en LAC.

También hay proyectos que no son de legisladores, sino que provienen del Poder Ejecutivo. Valga de ejemplo la donación de un terreno provincial en el departamento de Malargüe destinado a las misioneras de la caridad Hermanas de Madre Teresa de Calcuta. La iniciativa ingresó en 2006. Vaya a saber si las misioneras de la caridad consiguieron algún inmueble o se fueron de Malargüe.

Otro de los proyectos llamativos es la reforma al Código de Faltas de la provincia que impulsaba la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza en diciembre de 2006 para sancionar las faltas cometidas contra los bienes públicos municipales. Obviamente, el destrozo público sigue sin recibir las sanciones que pretendía imponer la comuna en otras épocas, cuando el intendente era Eduardo Cicchitti.

Otro de los proyectos extraños es de creación del régimen de carrera para los bromatólogos de la provincia. Luis Petri (UCR) lo presentó en noviembre de 2007. No deben ser muchos los bromatólogos o no debe ser muy necesario su régimen de carrera, porque el expediente no sale de LAC.

Hablando de oportunidad política para que un proyecto se transforme en ley, un ejemplo es uno por el que se le solicita al Poder Ejecutivo de ese entonces que remita el convenio firmado por la provincia con La Pampa por las aguas del Río Atuel. El demócrata Antonio Spezia redactó esa iniciativa y la presentó en octubre de 2008. Con el tiempo, el silencio oficial terminó transformando a a este convenio en una de las causas contra el recientemente renunciado titular de Irrigación Eduardo Frigerio.