Con la finalización de la feria judicial anual, en la conducción del Sindicato de Trabajadores Municipales se espera a que en los próximos días, tal como estaba previsto, el abogado penalista Carlos Torrens presente en sede judicial la denuncia por el delito de estafa en contra de trabajadores nucleados en ese gremio.

De momento, el cuerpo documental de la causa preparada por el prestigioso penalista se basaría en no menos de seis testimonios y, hasta donde puede anticiparse, este trámite no demoraría mucho tiempo más.

Así se lo deslizó ayer a este diario el actual secretario general del gremio, Macario Navarro quien, por otra parte, se encuentra en los prolegómenos de recibir los instructivos y documentación para la conformación de la respectiva junta electoral en el ámbito del STM, previa a la realización de la asamblea en la cual se definirán las nuevas autoridades de la entidad.

Como ya hemos anticipado, Navarro tiene la intención de presentar una lista de aspirantes a conducir el gremio, que encabezará él mismo como candidato a secretario general, rol que, actualmente, viene cumpliendo desde el año pasado de manera interina.

En el mismo sentido, trascendió en los últimos días que habría otros trabajadores municipales que estarían evaluando la posibilidad de presentar una lista alternativa pero, de momento, a nivel oficial no hay nada confirmado.

Mientras tanto, el Sindicato de Municipales afronta aún una compleja situación a partir del desastre institucional, económico y financiero, cuando no jurídico y legal, causado tras las maniobras de estafa perpetradas en perjuicio de afiliados por créditos contraídos con entidades mutuales.

En ese sentido, hay algunos elementos para tener en cuenta. Uno de ellos, el principal, es que el gremio ganó una crucial batalla legal, al lograr liberar del embargo económico ordenado judicialmente por acción de una de las prestadoras, una porción de los aportes sindicales y el coseguro de salud. Ese embargo, como se trata de una zona gris de la justicia, operaba sobre el total de esos montos. Pero aquí hubo una excelente actuación de la asesora del gremio, Mariángel Perret, que permitió lograr una victoria jurídica de suma importancia.

Esto es fundamental porque, además de asegurar una cierta libertad de maniobra al gremio, que estaba asfixiado en lo económico y financiero, sienta un precedente legal sobre el conjunto de las entidades acreedoras.

Además, los trabajadores afectados por las maniobras crediticias continuarán sin descuentos sobre sus haberes, hasta tanto no se aclare fehacientemente cada deuda individual. Como se sabe, el problema principal de todo esto es que había créditos genuinos tomados por un afiliado, aunque en muchos casos estos eran contratados por otros montos, sin su conocimiento. Y en otros casos, esos créditos eran contratados sin conocimiento del afiliado.

El ajustado trabajo legal que se está llevando adelante permitirá que, en breve, se logre un entendimiento con una de las entidades. Un problema menos. No obstante, hay otras entidades acreedoras.

En ese sentido, se está trabajando en dos frentes. Por un lado, continúa el proceso a nivel local, con la sumatoria de datos de cada uno de los afiliados afectados por las estafas, de lo cual se encarga la Dra. Perret, y por el otro, la sustanciación de una causa penal, que diligencia el Dr. Carlos Torrens.