La legisladora nacional, Teresita Luna, se reunió con la vice intendente de Chamical, Mercedes Moreno y concejales del departamento para tomar conocimientos de las problemáticas sociales y así diagramar acciones para su solución.
“La semana pasada tuvimos tres casos de violencia, el porcentaje es muy alto y hay una decisión política de sacar ésto a la luz y darle una solución definitiva. No queremos parches”, sostuvo Moreno.
El panorama de la problemática social alcanza en su mayoría al maltrato y la violencia física y psicológica, no sólo en mujeres, sino también en adolescentes y niños expandiéndose a la familia en general.
Por ello se planteó en la reunión la falta de medios con que cuenta el área municipal para la contención en estas situaciones: “no sólo falta personal capacitado para la contención y la atención sino también un espacio físico para que las víctimas puedan refugiarse y recibir las ayuda necesaria para salir adelante”.
Por esta razón, se solicitó a la senadora la posibilidad de gestionar en la Nación la construcción de un refugio para la mujer golpeada y trabajar para que los distintos programas puedan llegar a Chamical.
También se acordó articular las acciones con las áreas competentes a nivel provincial buscando que lleguen de manera positiva a las personas que los necesiten en el momento preciso: “la visita de la senadora demuestra que hay capacidad para seguir haciendo cosas. Sabemos que el refugio es una obra importante y muy necesaria por eso tenemos la esperanza de la concreción”, concluyó Mercedes Moreno.
Basura
En la oportunidad, también se consultó a la vice intendente sobre la empresa Vitrirec, encargada de la basura en Chamical, y la recesión del contrato que tenía.
Al respecto, la funcionaria explicó que los concejales dieron el apoyo al intendente para que rescinda el convenio con la empresa y el basurero pase nuevamente a la órbita del municipio que, juntamente con Medio Ambiente, armarán un proyecto con todas las medidas necesarias para el funcionamiento de este servicio.
Moreno dejó en claro que la decisión tiene que ver con el incumplimiento por parte de la empresa de las normas mínimas de seguridad ambiental y sanitaria, la falta de permisos para el tratamiento de la basura y la falta de pago a los empleados.

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