El fallo de absolución del ex presidente Carlos Menem y otros 17 acusados en la causa por la presunta venta de armas a Croacia y Ecuador, no fue bien recibido por los riotercerences afectados por las explosiones de la Fábrica Militar del 3 de noviembre de 1995.

Ante la presunción de que las explosiones tuvieron por motivo borrar las huellas de esa presunta venta ilegal de 6.500 toneladas de armamento, los damnificados no ocultaron su enojo.

A través de las redes sociales, rápidamente comenzaron a comunicarse para organizar una marcha o cacerolazo en repudio a la absolución de quienes apuntan como responsables de la muerte de siete personas, más de 300 heridos y la destrucción de toda una zona de esa populosa ciudad.

Es que tres de los militares absueltos en la causa sobre la supuesta venta ilegal de armas están imputados en la causa penal que mantiene como querellantes a las hijas de la fallecida Ana Gritti. Se trata del ex director de la Fábrica Militar de Río Tercero, Jorge Cornejo Torino; el ex director de Coordinación, Edberto González de la Vega, y el ex director de producción Carlos Jorge Franke, a quienes el juez federal subrogante Oscar Valentinuzzi, imputó como “presuntos autores de estrago doloso agravado en grado de coautoría” en la investigación por las Explosiones de Río Tercero.

A la demora en la resolución de esta causa penal, se sumó este fallo del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 (TOPE 3), que expondrá los fundamentos de la sentencia el próximo 7 de noviembre.

De inmediato, surgieron voces entre los damnificados que sugerían movilizarse el fin de semana. Sin embargo, la inmediatez de las elecciones municipales, previstas para el domingo 18 de setiembre, obligan a postergar la expresión de protesta para la semana próxima, en función de la prohibición establecida por Ley Electoral, de realizar toda clase de reuniones públicas horas antes de los comicios.

Oscar Gigena, integrante de la Comisión de Damnificados, señaló ayer a LA MAÑANA que, al escuchar el fallo, sintió “bronca y una gran impotencia ante tanta impunidad”.

“Nadie vendió las armas, nadie las trasladó, no hay responsables. Van a cumplirse 16 años de las explosiones y no quisiéramos que esa causa siguiera el mismo camino. Queremos seguir creyendo en la Justicia. Queremos que los jueces se pongan los pantalones largos porque esta absolución nos cayó muy mal. No podemos creer que nadie haya sido considerado responsable”, afirmó