Denodado fue y es el esfuerzo para establecer al escenario ventajoso y favorable que hoy pisa Jujuy, con metas alcanzadas en el campo del desarrollo humano, con infraestructura para proyectar un futuro venturoso y cierto y con pautas de diálogo claras que conducen al entendimiento entre los actores del entramado social. Este contexto auspicioso, se sustenta en varias columnas, entre las que emerge con más presencia la previsibilidad financiera, un componente clave para transitar por la senda del crecimiento integral, armónico y sustentable.

Al mismo tiempo, toda medida, adoptada y por adoptar, en la órbita de las finanzas es también fruto del análisis serio y comprometido, del diálogo orientado a la inclusión y a la construcción, y esta materia está siendo aprobada largamente por el gobierno y la mayoría de los gremios que nuclean a trabajadores estatales (como ATSA, ADEP, CEDEMS, SEOM y UTENOF) saludablemente dispuestos a nutrir una mesa de diálogo que no hace otra cosa que dar a luz consensos y acuerdos superadores en lo que a política salarial y social respecta. Así las cosas y con tantos esfuerzos dedicados en los últimos tiempos a instaurar un sistema de democracia efectiva, resulta complejo de comprender y asimilar que algún sector insista hoy con la adopción de medidas de fuerza que no son otra cosa que privar al jujeño de algún servicio o una respuesta a sus necesidades, inaceptable y especulativa circunstancia que se agudiza a partir de la amenaza de ir más allá con la acción directa. Precisamente desde la visión democrática, no se puede soslayar que el modelo de provincia instaurado es valorado por los jujeños, es merecedor de confianza, y prueba irrefutable de ello es que el proceso democrático electoral de octubre ratificó largamente el acompañamiento de la ciudadanía que se abrazó y legitimó a una forma de gobierno que esgrime compromisos concretos, racionales, vigentes y sostenibles acción continua y patentey realizaciones palpables y perceptibles a los sentidos.

El gobierno acordó con los estatales un incremento escalonado y total del 21% de sus salarios desde el mes de marzo, al tiempo que estableció un piso de remuneración de $2600, decisiones que llevaron a exigir al extremo la disponibilidad de recursos y las acciones políticas y administrativas para la consecución de los mismos. De esta situación, surge como necesidad la realización de una adecuada programación financiera, orientar esfuerzos al crecimiento de recursos propios y optimizar el control de la ejecución del gasto y de su calidad. Es por ello, que la gestión se ajustó estrictamente a las disposiciones de las leyes Nº 4958 de Administración Financiera y de los Organos de Control del Estado y Nº 5692 de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2012, que son las herramientas que permitirán sostener la capacidad del Estado para responder a los requerimientos de la gente. Están en marcha medidas para garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y el destino de los recursos públicos;istematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los mismos; optar procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones. Se trata de decisiones contextualizadas en el oportuno replanteo que exige la proyección de los recursos coparticipables, los cuales experimentan una franca involución. De allí que el diagnóstico nacional sobre la recaudación de impuestos coparticipables y otras variables de orden económico sean objeto de celoso monitoreo por parte de la cartera de Hacienda.

Este criterio, íntimamente ligado a la responsabilidad fiscal, permite el cumplimiento acabado de los compromisos asumidos y, a la vez, habilita a pensar que el Ejecutivo en la medida de sus posibilidades seguirá procediendo respetuoso frente a las reivindicaciones planteadas por la dirigencia gremial, tales como la recategorización.

Desde ya, las mezquindades de unos pocos no tiene que representar un obstáculo insalvable para el proceso de diálogo y entendimiento, bien que cotiza en alza por toda sociedad que pretenda considerarse situada en el camino del desarrollo inclusivo. Es, en todo caso, tiempo de desplazar medidas de fuerza con más democracia, promoviendo el pluralismo para robustecer las políticas concebidas para dar respuesta a las demandas salariales, laborales y todo lo que haga a mejorar la calidad de vida del conjunto.