Durante todo el viernes, los manifestantes realizaron cortes sorpresivos de calles. Lo hicieron en inmediaciones de la municipalidad, del edificio Medano y frente al Concejo Deliberante. Los tres edificios permanecían con sus puertas cerradas y rodeados de policías del Grupo Especial de Operaciones, que se comunicaban en forma permanente con sus superiores.

Mientras los líderes de la protestas ratificaban el "plan de lucha" en las calles, el poder político local pareció quedarse sin respuestas. Desde el inicio del reclamo, el intendente Jorge Tebes evitó cualquier contacto cara a cara con los manifestantes; comportamiento similar que siempre ha mantenido ante parecidas protestas callejeras. El único interlocutor del gobierno fue el secretario de Desarrollo Social, Daniel López. El funcionario recibió a una delegación del MTD y de la CTA piquense. Pero el cónclave no tuvo un final feliz. El Gobierno municipal anticipó que no pagaría ningún bono navideño. Tampoco encontró otra salida para descomprimir el conflicto.

Los manifestantes decidieron mantener su queja. Y con el correr de las horas endurecieron su postura. El municipio decidió caminos alternativos para tratar de persuadir al grupo para que abandonen el reclamo. Por un lado, decidió judicializar el conflicto. Realizó al menos seis denuncias en la fiscalía. Entre ellas, una por el corte de las calles y otra por la quema de neumáticos.

Los líderes del MTD debieron acudir a tribunales para escuchar de boca de los funcionarios judiciales las acusaciones en su contra. Pero la salida criminalizada de la protesta tampoco amilanó a los manifestantes. Las respuestas políticas tampoco llegaron.

Discrepancias.

El no poder encauzar el reclamo social comenzó a despertar voces disonantes en el propio peronismo piquense y repercusiones en la oposición. Dirigentes del justicialismo local criticaban por lo bajo al intendente Tebes por la tozudez en no hablar con los manifestantes. Y recordaban que en situaciones mucho más complejas el ex jefe comunal Luis Campo, tomó una actitud contrapuesta y enfrentó a las personas que manifestaban.

Inclusive, durante este año, cuando un grupo de mujeres se apostó en uno de los barrios nuevos de la ciudad pidiendo viviendas, fue Campo en su función de vicegobernador quien acudió el lugar del conflicto y desactivó el reclamo. Ese día se escucharon críticas por la ausencia de Tebes. Las críticas al Gobierno comunal por el manejo del conflicto con los desocupados también llegaron desde el CD. Pero sólo fue una voz. La kirchnerista Paola Assone, fue la única edila que no avaló una solicitada repudiando la manifestación. Ese escrito fue firmado por el PJ, el tiernismo y el radicalismo. Pero Assone se negó.

La concejala tomó otro rumbo. Y caminó hasta la municipalidad y escuchó cara a cara el pedido de los manifestantes. Assone condenó la judicialización del reclamo. Le recordó al Gobierno municipal y a Tebes, que ante métodos similares de protesta nunca un funcionario alzó su voz de condena ni se recurrió a denuncias penales.

Memoria.

Assone pidió hacer "un ejercicio de memoria histórica". Y le enrostró al municipio que ante métodos similares de protesta -como fue la como la manifestación de empleados de comercio frente a Changomás liderada por el diputado provincial, Daniel Lovera- ninguna voz oficialista condenó los daños y la quema de neumáticos.

La concejala de Nuevo Encuentro, además, recordó la importante cantidad de recursos que se manejaron en los días previos de las elecciones, una suma que rondó el medio millón de pesos en octubre, destinado a "ayuda social".

Además de las repercusiones políticas locales y el desgaste de las partes, la permanencia del conflicto en las calles de la ciudad parece tener réplicas hacia la gobernación. Una fuente municipal habló ayer de "indiferencia" por parte del Gobierno provincial y "ausencia de políticas" para destrabar este tipo de situaciones.

Jornaleros: "Sin compromisos"

El conflicto con los jornaleros no cesó, ayer hubo paro y manifestaciones frente a la Municipalidad de General Acha. Por segunda vez reiteraron la protesta quemando cubiertas y manteniendo cortadas las calles. El jueves a la noche, dirigentes de UPCN fueron recibidos por el intendente Roberto Zamora, pero no hubo acuerdo.

Cerca del mediodía y en medio del ruidoso reclamo de los jornaleros frente al despacho del Ejecutivo, Roberto Zamora ofreció una rueda de prensa, oportunidad en la que habló del conflicto con los jornaleros y la situación del municipio. Estuvo flaqueado por sus hombres de confianza, Nazareno Venezuela (secretario de Gobierno), y Pablo Mogliasso (Acción Social), y afirmó que antes de fin de año determinará qué hará con los jornaleros.

Sin compromisos.

Insistió que no llegaron a la intendencia de la mano de un partido con compromisos políticos, ni tienen que pagar algo a la militancia. "El único compromiso es con los casi 4 mil votantes, y el resto de los vecinos, quienes esperan el cumplimiento de la plataforma, y la cobertura de algunas necesidades", dijo.

Añadió que el ex jefe comunal Marcelo Berot firmó un contrato no vinculante para la incorporación de los jornaleros a una categoría 16, de acuerdo a lo previsto por la ley 643. "Es un compromiso imposible de cumplir porque en los presupuestos vigentes no se incluye para nada el gasto que ocasiona este personal, y cuando los ingresos y egresos no están en forma equilibrada, ese desbalance se tiene que cubrir con otros medios, lo que no sucede en este caso", explicó.

Además sostuvo que se trata de gente que no fue seleccionada, no hubo vacantes, tampoco se indagó si tenían antecedentes, ni se hicieron los estudios psicofísicos, de modo que existen una multiplicidad de cuestiones que no se cumplieron.

Informó que durante el encuentro mantenido con UPCN les comunicó a los sindicalistas que debía tomarse una decisión política, y que solamente lo hará él, porque es el intendente de G. Acha.

"Nunca se hizo un estudio para detectar las necesidades y prioridades del municipio desde el punto de vista de recursos humanos. Todos los empleados de planta permanente realizan tareas administrativas", se quejó.

Zamora afirmó que los que hacen ruido son 25 ó 30 personas, cuando en realidad son 110 jornaleros, así que el 80% de ellos trabaja. "A las personas que no cumplen con sus tareas, se les descuenta el día, por lo que serenamente con o sin errores iremos tomando algunas decisiones", dijo.

El jefe comunal anticipó que cuenta con el "total apoyo" del gobernador Oscar Jorge, quien ya le ha enviado un millón cien mil pesos, respuesta que no han tenido otros intendentes de esta ciudad.

Sanador.

Por otra parte indicó que se tomarán un tiempo para estudiar los legajos del personal de planta permanente, contratados y jornaleros. "La verdad es que no había registros de los empleados, así que muchos cobraban horas extras pero ni si quiera concurrían al trabajo. Se cortaron las horas extras que antes generaban una erogación cercana a los 40 mil pesos, y beneficiaban a 75 u 80 empleados", precisó.

De manera irónica aseguró que tiene un nuevo apodo, "el intendente sanador", porque desde su asunción sólo faltan por problemas de salud una o tres personas, cuando antes lo hacían entre 70 y 80. Estamos evaluando 24 ó 26 carpetas porque los trabajadores no asisten a sus lugares de trabajo, y muchos de ellos están en otros pueblos lejanos de la provincia".

Finalmente Zamora que la Municipalidad no es el Ministerio de Acción Social. "No tenemos un compromiso, al igual que asignaciones especiales o cupos de partidas para contemplar las necesidades de la gente", opinó en alusión al reclamo de los jornaleros.