El peronista Diego Kravetz comía, despreocupado, un sándwich de jamón en pan árabe, mientras Martín Hourest (Igualdad Social) miraba su reloj con tono preocupado. El macrista Martín Borrelli, que un rato después compararía al presidente de la comisión con Napoleón Bonaparte, releía la versión taquigráfica de la sesión anterior para disparar de manera directa sobre su archienemiga Gabriela Cerruti, que bostezaba esperando el reinicio de la reunión.

En medio del escándalo, con gritos destemplados, situaciones insólitas y amenazas cruzadas, la comisión investigadora que tiene como misión dilucidar la responsabilidad política del jefe de gobierno, Mauricio Macri, en el escándalo de las escuchas ilegales pudo aprobar su reglamento interno y quedó en condiciones de comenzar las citaciones de testigos y funcionarios que aporten más luz sobre la presunta participación de Macri en las escuchas ilegales a disidentes políticos y miembros de su familia. Claro que el trabajo de Hourest, como quedó claro ayer, será más que arduo: el bloque Pro cuestionó el método de designación de Cerruti como vicepresidenta, y amenaza con cuestionar en la Justicia las decisiones que tome la comisión, que cuenta con una mayoría opositora de 12 miembros contra cinco macristas.

"Es insostenible que no se voten los cargos", explicó Borrelli a LA NACION, una vez terminada la sesión, que duró más de tres horas. "Me da vergüenza. La derecha argentina trata de embarrar la cancha cuando no tiene argumentos", gritó Fabio Basteiro (Proyecto Sur), mientras legisladores macristas lo abucheaban.

Más allá del aroma a chicana del argumento (Macri detesta a Cerruti desde la aparición de su libro, El Pibe ), la estrategia de Pro contaba con un dato cierto: según la versión taquigráfica, el cargo nunca llegó a aprobarse, ni siquiera por asentimiento. La sesión de ayer continuó y pudo aprobarse el reglamento interno, aunque la existencia de cinco borradores dificultó los consensos.

El texto final faculta, por ejemplo, a invitar a funcionarios del gobierno porteño (la oposición ya tiene a Guillermo Montenegro, Horacio Rodríguez Larreta y Eugenio Burzaco en la mira) y a agentes de la SIDE y el gobierno nacional, como proponía Pro. El espía Ciro James y el ex titular de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, podrán aportar datos por escrito. Las sesiones serán públicas, salvo en casos especiales en los que deba mantenerse la reserva. No prosperó una picardía del ex Pro y ahora denarvaísta Daniel Amoroso, que propuso que las sesiones fueran difundidas "por el canal de TV de la ciudad". Estiletazo que motivó risas en una sesión polémica. La próxima, el martes, a las 10.