El situación inmediata se presenta de la siguiente manera: El Frente de Gremios Estatales resolvió poner en práctica un plan de lucha para jueves y viernes, cuya modalidad será definida por cada sindicato, sin que se descarte una marcha provincial.

La asamblea provincial de delegados de ATE Jujuy, por unanimidad resolvió profundizar las medidas de fuerza con un paro de 72 horas, para los días miércoles, jueves y viernes, con movilización provincial el miércoles.

La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) tendrá una asamblea el miércoles en el hospital “Pablo Soria”, a los fines de informar el estado de las conversaciones con el gobierno. La conducción de este sector, no descarta implementar medidas de fuerza.

Es alentador saber que Jujuy superó, después de más de diez años, un largo período de inestabilidad política, social y financiera. Pero un sincero análisis no debe dejar al margen que aún parece que se está a mitad de camino en muchos aspectos. Son varios los aprendizajes que parecen haber sido incorporados por quienes tienen en sus manos la responsabilidad de administrar la cosa pública. En este marco, se puede destacar la conciencia adquirida a lo largo de estos últimos años de la necesidad de que, tanto el Estado provincial, como los municipios, apliquen criterios firmes de previsibilidad, sustentabilidad y racionalidad en el manejo de sus cuentas.

Todo ese ejercicio de memoria parece no ser suficiente para morigerar los casi permanentes reclamos salariales y laborales de algunos gremios y sectores estatales, que muchas veces exceden con sus planteos las posibilidades de respuesta de parte del Estado. Nadie puede dudar del derecho al reclamo, a la huelga y a la protesta social. Pero cuando esas pretensiones se instalan en la intransigencia y en la impaciencia, indudablemente hay criterios y conductas a corregir y cambiar en nombre de una convivencia sana y responsable plena de libertades.