La representante de la Asociación de Vecinos Damnificados por Obras, Laura Olivera, encabezó una nueva protesta en las puertas del Concejo Deliberante. En esta ocasión, se oponía a la aprobación del protocolo de demolición. Durante la sesión fue respaldada por un grupo de profesionales que fueron desalojados del recinto por la fuerza pública.

La orden de desalojo la dio la presidenta del Concejo, Miriam Coronel (PJ), y apoyada en el reglamento, pidió la actuación de agentes de la Policía provincial.

Vecinos damnificados

Megáfono en mano, Olivera se apostó ayer en las puertas del Concejo, expresando su rechazo a la norma que luego fue aprobada por ocho concejales del oficialismo.

“Esto termina siendo beneficioso para los mismos empresarios. Hoy se trata un grave proyecto que es perjudicial para la ciudad”, subrayó Olivera, quien intervino con insistencia durante el tratamiento de la ordenanza y la fundamentación de los concejales.

En representación de los Vecinos Damnificados por Obras, la asociación que cobró protagonismo tras el derrumbe de la calle San Martín, aseguró que no son recibidos por el Concejo ni tienen respuestas desde la Municipalidad. Estuvo acompañada por un grupo de vecinos y carteles con denuncias sobre obras irregulares de la ciudad.

Olivera advirtió que el protocolo de demolición hará incurrir al Municipio en una situación de “grave inseguridad jurídica”. “Esto no se soluciona con un protocolo de demolición. Este proyecto no tiene seriedad”, aseguró.

Palabras de los arquitectos

Por su parte, profesionales del medio se expresaron también en contra señalando la falta de un estudio serio, técnico y exhaustivo de la cuestión. “Está mal redactado su proyecto Payes”, expresaron a gritos, intentado hacerse oír por los concejales. Frente a esa situación, la presidenta del Concejo, Miriam Coronel, resolvió hacer cumplir el reglamento y pidió a la policía que se los retire del lugar.

María Celia Castañeda fue una de las arquitectas desalojadas. “Lo único que pedíamos es que continúe el debate porque no conocíamos el proyecto, no tuvo tanta difusión como dijo Payes”, dijo a La República. Como miembro del Consejo Profesional, consideró que era inconveniente avanzar sin escuchar a todas las partes involucradas.

Aclararon que no se oponen a las multas, sino por el contrario, piden un tratamiento y estudio más serio. “No entendían de lo que estaban hablando, nos preocupa que no se asesoren y voten en bloque sin tener la menor idea, porque antes de aplicar multas habría que resolver otras cuestiones”, aseveró.

Según Castañeda, la ciudad llegó a un estado de “anarquía total” en materia de edificaciones donde y por desconocimiento, “el municipio permitió de todo y la capital es tierra de nadie porque se avasalló todo”.

En ese contexto, dijo que el Concejo lamenta que los concejales del oficialismo no escuchen a las partes, sin aportar a una construcción común. Lo que advierten también es que “quizás el intendente desconozca el modo en que se manejan”, y lamentó que lo perjudiquen así porque “parece que él quiere hacer las cosas bien”, pero no tiene buenos asesores y no ponen a funcionarios idóneos en las áreas que corresponden. Este viernes, los profesionales participarán de la continuidad del análisis en torno del Código de Planeamiento.