La situación de los camioneros se complica cada vez más, con la posibilidad de que la protesta se amplíe, a medida que se tensa la relación entre el sindicalismo y el Gobierno nacional en la antesala de las paritarias. Lejos de un acuerdo, el sindicato de camioneros que conduce Hugo Moyano advirtió ayer la posibilidad de extender su protesta a todo el transporte de cargas. La medida se podría tomar hoy, cuando finalice la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo a raíz de los despidos en Chubut de trabajadores de Correo del Sur, una contratista de la distribuidora de gas Camuzzi.

El secretario general adjunto del sindicato de camioneros, Pablo Moyano, ratificó ayer que el conflicto con las empresas Correo del Sur y Camuzzi Gas del Sur “se encuentra en la misma situación que el primer día” y “hay 200 trabajadores despedidos y con un futuro más que incierto”.

“Nos encontramos a la espera de una nueva convocatoria para seguir buscando la solución para nuestros compañeros trabajadores del sur argentino”, afirmó el hijo del titular de la CGT en un comunicado, en el que lamentó que “no ha habido hasta la fecha avance alguno en las negociaciones”.

El gremio de los camioneros viene realizando marchas y concentraciones en reclamo de los despedidos que se concretaron al cancelarse un contrato entre la firma distribuidora de gas y Correos del Sur, en Chubut. Incluso hubo una protesta frente a las sedes de Camuzzi y el correo en La Plata.

En tanto, el Ministerio de Trabajo convocó para hoy a las 12 una nueva reunión en la sede de la cartera laboral para destrabar el diferendo. Según la versión del ministerio que conduce Carlos Tomada, que se informó a través de un comunicado, la convocatoria tiene “el objetivo de buscar una solución a la situación de los 81 trabajadores sobre los cuales se centra el conflicto”.

Paso atrás del Gobierno por los salarios

La protesta de los camioneros se da en el marco del alejamiento de Hugo Moyano del Gobierno nacional y cuando comienzan a palpitarse las negociaciones paritarias para acordar los aumentos salariales. En ese sentido, en su discurso de ayer en la Casa Rosada la presidenta Cristina Fernández se refirió al tema y aseguró que el Gobierno nacional “nunca intervino en la pauta salarial, dado que siempre fue acordada entre empresarios y gremios libremente”.

“Existe un intento de lograr cuestiones que no son, porque este Gobierno no les va a poner techo a las negociaciones salariales”, dijo la jefa de Estado. Sin embargo, llamó a “hacer un replanteo del aumento de sueldos con subsidios del Estado”, en referencia a los incrementos salariales en sectores que reciben estos beneficios, “como el de transporte de cargas”, ejemplificó. “Que sepan los empresarios y trabajadores que van a poder negociar libremente sus salarios, pero de acuerdo a la rentabilidad de cada sector”, remarcó.

Además, la Presidenta anunció que le solicitó a Ricardo Echegaray que revise los salarios de los ejecutivos de las empresas privadas porque “aparecieron cosas muy extrañas: hay gerentes que ganan diez millones de pesos”, expresó. “No sé qué tipo de actividades tendrán o qué rentabilidades tendrán sus empresas, pero vamos a hacer un estudio profundo del tema”, adelantó Cristina Kirchner.

Días atrás, Hugo Moyano había advertido que “la única forma que se respeten los derechos de los trabajadores es que las organizaciones sindicales tengan la firmeza suficiente para evitar que nos arrebaten el salario o que nos impongan porcentajes absurdos, cuando sabemos que la inflación ha sido mucho más alta”. Y agregó que “muchos han dado porcentajes que son vergonzosos”, en referencia al posible techo del 18% de aumento salarial sugerido por el Gobierno.

EN FOCO

Un Gobierno acorralado por sus propios errores

El Gobierno nacional creó un poder que ahora lo desafía y lo está acorralando. Así puede definirse lo que está ocurriendo en el conflicto que enfrenta al kirchnerismo con el titular de la CGT, Hugo Moyano, que ayer obligó a Cristina a tener que salir a reconocer que el Gobierno no impulsa límites en las negociaciones paritarias.

Moyano pasó a ser uno de los dos principales enemigos del kirchnerismo. El otro es el gobernador Daniel Scioli, que cuenta con un nivel de apoyo del electorado en la principal provincia del país muy similar al que obtuvo Cristina Kirchner, y cuya carrera política depende, casi exclusivamente, de que pueda competir por la Presidencia en 2015.

El kirchnerismo no la tiene para nada fácil, al carecer Cristina -impedida de aspirar a un nuevo mandato con la actual Constitución- de un sucesor natural. La concentración del poder en la familia, como ocurría cuando vivía Néstor Kirchner, ya no puede darse. Y Máximo, el primogénito de la primera mandataria, que abandonó la carrera de Periodismo en La Plata y nunca pudo completar siquiera una carrera terciaria en su provincia natal, no tiene las luces necesarias para ponerse al frente de un proyecto político.

El poder que tiene Moyano no vino del Espíritu Santo. Fue producto, en parte, de las concesiones que le dio el Gobierno nacional durante años, pero, principalmente, de los graves errores de la política económica y de innumerables promesas incumplidas de la administración K. Por ejemplo, nunca se reconstruyó el sistema ferroviario, desguazado en los años ‘90. Todo lo que se transporta en la Argentina, en gran parte, depende de los camioneros. Y Moyano, si así lo quisiera, podría paralizar el transporte de carga, de caudales, bloquear las rutas y provocar desabastecimiento en las grandes ciudades. Si hasta el momento no se ha llegado a esta situación, se debe a que el titular de la CGT es consciente de que le resultaría contraproducente que se incendie el país. Nadie, en el movimiento obrero, come vidrio.

Ante este contexto, Cristina Kirchner no tuvo más remedio que retroceder e intentar apaciguar los ánimos gremiales al decir que las paritarias se desarrollarán de acuerdo a la rentabilidad de cada sector. Acto seguido, lanzó la amenaza de salir a controlar los “sueldos exorbitantes” de los altos ejecutivos.

Ahora bien, el interrogante pasa por saber qué sistema de contralor pondrá en práctica. ¿Serán los mismos que se utilizaron con las empresas que facturaron cifras millonarias gracias a Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender, utilizando recursos del Estado? ¿Se utilizarán los mismos controles en las empresas y bancos que son amigos del poder, y que multiplicaron sus ganancias de forma exponencial gracias a sus negocios con el Estado que les habilitó el kirchnerismo?

El Gobierno está instrumentando una suerte de intervencionismo bobo, que es puesto en práctica por personas elementales, como el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que no están a la altura de las circunstancias, en momentos en que la Argentina requiere de planes estratégicos y políticas de Estado que apunten a un desarrollo genuino.

El intervencionismo bobo es una clara muestra de que se vino la hora del ajuste en la Argentina, situación a la que el Gobierno bautizó con el poco feliz nombre de “sintonía fina”. La realidad es una sola, más allá del nombre que se le quiera dar, y si hay ajuste, es irracional pensar que los representantes de los trabajadores se van a quedar con los brazos cruzados. Y más cuando hay indicios de que se les quiere hacer pagar parte de la fiesta a los sectores más humildes, como ocurrirá con la discrecional eliminación de los subsidios y el exponencial aumento de la tarifa que se viene en el transporte público.

Moyano está agazapado y cuenta, en esta nueva etapa, con una experiencia que no tienen Cristina ni ninguno de sus ministros: haber sido uno de los principales referentes de la resistencia y la lucha ante la entrega infame que realizó el menemismo en los años ‘90.