Mientras analiza ordenar el desolojo de las personas que usurparon los terrenos privados en el barrio Pirayuí, la jueza en lo Correccional N° 1, Gabriela Aromí, afirmó ayer que “el derecho a reclamar por una vivienda no colisiona con el derecho a la propiedad privada”. Así, rechazó, en declaraciones a la prensa, la posibilidad de justificar la toma de los terrenos con el argumento de no poseer otro lugar donde vivir.

Hasta anoche, la situación en la zona del Pirayuí seguía tensa. El fiscal de Instrucción Nº 1, Buenaventura Duarte, solicitó a la jueza el desalojo de las familias que ocuparon terrenos en el espacio comprendido entre el Puente Negro y el Puente Blanco, tras determinar que se trata de un predio privado y cuya titularidad se divide entre las dos empresas denunciantes del delito de usurpación.

Aromí condicionó esta decisión al trabajo de los mediadores que conforman el comité de crisis, el cual se creó para actuar en el caso, informaron fuentes judiciales a La República. En tanto, un operativo policial impide el ingreso de nuevos okupas.

El fiscal solicitó el desalojo de las personas que se apoderaron de terrenos en inmediaciones de los barrios 550 y 50 Viviendas. Tras la medida de no innovar, dispuesta por la jueza Aromí, Duarte insistió en que la ocupación “no fue espontánea” y dijo que la policía investiga una posible organización para llevar adelante la usurpación. Las empresas denunciantes, Urbano Bienes Raíces y Guaraní S. A., acreditaron que 23 hectáreas de esos terrenos pertenecen a la primera, y 9,5 hectáreas, a la segunda.

“Son usurpadores, porque los terrenos son privados”, sentenció el fiscal en ese contexto. El conflicto comenzó el último domingo, cuando al menos 150 familias se asentaron en terrenos lindantes al barrio Pirayuí y despertaron la furia de los habitantes de la zona, que iniciaron un fuerte reclamo por garantías de seguridad. Luego se sumaron alrededor de 250 familias más y son miles las personas que ahora reclaman “un lugar para vivir”. En función de la medida de no innovar, se creó un Comité de Crisis, integrado por mediadores judiciales y de la Policía de Corrientes, a fin de resguardar los derechos de los vecinos que habitan las viviendas y garantizar que se frene el ingreso de nuevos usurpadores. Los mediadores trabajan en la zona a fin de solicitar a los okupas que se retiren en forma pacífica y evitar una orden de desalojo que podría agudizar la tensión entre las partes.

“La ocupación no fue espontánea, hay una organización detrás que está siendo investigada por la policía”, expresó Buenaventura Duarte. Por su parte, Gabriela Aromí de Sommer, no descarta el desalojo, pero lo condiciona a la labor de los mediadores y de los efectivos policiales de las comisarías 13ª y 14ª, quienes siguen dialogando con las personas que coparon el predio en forma ilegal.

Señaló además que quienes ingresen tras haberse dictado la medida cautelar, incurren también en el delito de desobediencia. “Somos cautelosos, por eso este tiempo de espera para poder razonar juntos , porque necesitamos una convivencia pacífica y es eso lo que busca la justicia”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Gustavo Valdés, expresó que la policía está dando cumplimiento a la orden judicial de no innovar y sostuvo que no se permiten nuevos acampes en la zona. “Estamos tratando de mantener el orden. Vamos a esperar lo que decida la Justicia. Por lo pronto dispusimos un operativo policial para que no continúen llegando”, dijo.