La reforma a la ley jubilatoria provincial trajo aparejada una serie de controversias, y Claudia Giorgis (Frepam), a la vez que requiere "celeridad en la información del Ejecutivo" sostiene que tiene propuestas de cómo financiar las modificaciones. En diálogo con LA ARENA la legisladora apuntó una serie de datos según los cuales los cambios propuestos por la fuerza política que integra podrían ser posibles de realizar en el marco de las finanzas provinciales. Entre otros tópicos consideró que podría considerarse entre otras iniciativas que se le brinde al agente la opción de permanecer en la actividad laboral durante 5 años más, después de haber cumplido los requisitos para jubilarse.

-Los diputados de su bloque no están convencidos de los argumentos esgrimidos por el ministro (Ariel) Rauschenberger y el presidente del ISS, Miguel Tavella.

-En realidad no, aunque eso permitió, finalmente, comenzar a debatir la reforma a la ley de jubilaciones provinciales. En esa reunión solicitamos a los representantes del Ejecutivo provincial y del ISS, mayor información en relación con el financiamiento de la reforma y de otras alternativas.

-¿Qué sacaron en limpio?

-Se nos informó que la reforma propuesta por el gobernador, tomar el promedio de los últimos 10 años y bajar a 90 puntos a las mujeres, tiene un costo anual de $11 millones. Nosotros pedimos información oficial respecto del costo que significaría considerar los 3 mejores años de los últimos 10 de la actividad laboral del trabajador, a los fines del cálculo del haber jubilatorio, en lugar de tomar el promedio de los últimos 10 años.

También que se nos informe el costo anual que implicaría recalcular el haber jubilatorio, correspondiente al periodo que se extiende entre 1996 y 2010. Consideramos que esta ley es, sin dudas, un paso adelante que sirve hacia los próximos jubilados, pero a su vez debemos también hacer justicia con quienes sufrieron las consecuencias nefastas de la ley de emergencia que se prolongó en el tiempo hasta nuestros días, provocando que los trabajadores que se jubilan pasen a percibir el 60 % de su ingreso.

-Hay alguna argumentación de que podría caerse el convenio con Nación.

-Esto no es así y es un concepto que conviene dejar aclarado. El convenio de la Provincia con la Nación, mediante el cual se nos financia el 7%, la diferencia entre el 82 % que reciben los jubilados provinciales y el 75 % que establece la actual legislación, no se cae porque introduzcamos reformas superadoras a las planteadas por el gobernador. El tema es que como Nación no se hace cargo de financiar esas reformas, debemos buscar la forma de hacerlo dentro de nuestro sistema provincial.

-No debe ser tan fácil.

-Nosotros ya dijimos que la Cámara de Diputados, como poder independiente, puede y debe evaluar opciones para luego escoger la más conveniente para todos, que son precisamente quienes nutren a través de su aporte al Instituto de Seguridad Social. Esto es empleados activos, jubilados, como al propio ISS.

-Ustedes reclaman, pero ¿ofrecen soluciones?

-Tenemos reclamos pero también tenemos propuestas de cómo financiarlos. Sabemos que algunas de las reformas propuestas desde nuestro espacio político tienen impacto en las arcas provinciales, como el caso de calcular el haber con los 3 mejores años de los últimos 10 años; y redeterminar el haber de los jubilados de "la emergencia del '96 al '10" en forma optativa.

Por ello es necesario evaluar formas alternativas de financiamiento, y varias de ellas las estamos trabajando desde nuestro espacio legislativo. Para eso es necesario que se remita la información que hemos solicitado, para que en la Legislatura podamos avanzar conociendo el costo real de estas modificaciones.

-¿Y cuáles serían esas propuestas?

-Entendemos que para financiar desde la Provincia ese impacto se podría hablar de un blanqueo de sumas fijas salariales no remunerativas, como el estímulo Decreto 806/04, las guardias médicas, policiales, el pago de los artículos 6° de la ley de carrera sanitaria, etc. Aunque los empleados tengan que ceder parte de su ingreso de bolsillo por el hecho de pagar los aportes personales.

Además podría considerarse la variación de los porcentajes de aportes y contribuciones que realizan los distintos regímenes -en el civil es del 28% y el docente es del 32%-, la revisión de los destinos o afectaciones del Fondo Complementario instituido en el 2001 por un convenio con Nación, que se integra con un 2% o 3% de los aportes y contribuciones, y que en la actualidad está financiando los retiros voluntarios.

-Cómo es eso de la posibilidad de que el agente continúe trabajando aún jubilado.

-Aquí lo que podría hacerse es brindar la opción de permanecer en la actividad laboral durante 5 años más después de haber cumplido los requisitos para jubilarse. En la actualidad, al cumplir los requisitos de los 95 puntos, el ISS intima para iniciar el tramite jubilatorio en el término de 6 meses; mientras que el ANSES, en el caso de los docentes universitarios nacionales y las mujeres brinda la alternativa de continuar 5 años más, si lo desean.

Actualmente, en nuestra provincia, esta posibilidad sólo la tienen los que reingresan a la administración como funcionarios. Esta es una alternativa que, si bien seguramente sería utilizada por pocas personas, permitiría oxigenar el sistema con fondos frescos. En otros países la cantidad de quienes quieren seguir ronda entre el 15 y el 20%.

Por último proponemos valor máximo para el haber jubilatorio. Es decir establecer un tope en el monto del haber jubilatorio que perciben algunos sectores jerárquicos privilegiados, y que son extremadamente elevados. En algunas jurisdicciones, como en Corrientes, Córdoba, Chaco y Formosa, se establece que el haber máximo no puede ser mayor a determinado monto, o al 82% del sueldo del gobernador ó 12-15 sueldos mínimos de la administración