Los dos talleres que realizan las revisaciones técnicas a los vehículos afectados al transporte público de pasajeros y de cargas tienen sus contratos vencidos desde hace varios años. A no alarmarse puesto que pueden seguir trabajando porque la Legislatura, en quince años, recibió dos veces la documentación para votar la ratificación legislativa de los acuerdos, pero el aval aún no se concreta. El plazo de la concesión era de cinco años.

Todos los años, en el período vacacional, vuelven a surgir las dudas acerca de la exigibilidad de la revisación técnica de los autos radicados en nuestra provincia. Mendoza no exige tal control, a pesar de que en el artículo 44 de la Ley 6.082 habla de la necesidad de tal exigencia. Sin embargo, este apartado de la ley nunca se cumplió, a pesar de que la 6.082 data de 1994.

En 1996, bajo el influjo de las privatizaciones y tercerizaciones, el Gobierno de Mendoza decide concesionar la revisación técnica. Con un interés más social, la gestión de Arturo Lafalla entrega el servicio a dos cooperativas de trabajadores estatales: Perfil Limitada y Revi-Trans Limitada.

Evitar despidos e indemnizaciones, al tiempo que se generaba una fuente de trabajo para los empleados era la consigna. A eso se agregó un préstamo de 30 mil pesos a cada cooperativa para que pudieran arrancar con la actividad. En enero de 1997, el decreto 132 aprobaba los convenios suscriptos por el Gobierno y las cooperativas para realizar las revisaciones a los vehículos afectados al transporte de pasajeros y de cargas.

En marzo de ese año, Lafalla firma el decreto 274 en el que se fijan el tarifario de los servicios que prestarían las cooperativas. Ambas normas fueron enviadas a la Legislatura, pero nunca lograron ser ratificadas por las dos cámaras.

En 2007, diez años después del inicio de aquellas concesiones, Julio Cobos insiste con el pedido de ratificación legislativa. Tampoco hubo respuesta.

En el medio hubo algún interés de algunos legisladores, como la diputada radical Amalia Monserrat, quien presentó un pedido de informes en 2008, o el peronista federal Roberto Blanco, quien en 2009 pidió un dictamen a la Asesoría de Gobierno cerca de la situación legal de las cooperativas. Pero estos intereses individuales no implicaron un compromiso colectivo por parte de los legisladores.

Lo curioso es que ese dictamen emitido en 2009 por la Asesoría de Gobierno no implicó un toque de alarma acerca de la legalidad de lo actuado por parte de las cooperativas de trabajo en lo que a la revisación técnica de vehículos del transporte de pasajeros y de cargas, dado que nadie ha denunciado los convenios, pero sí advierte acerca de la necesidad de votar una ratificación legislativa retroactiva de los decretos, puesto que el cómputo de los plazos legales está en una zona gris: ¿Cuándo se computan los cinco años de la concesión? ¿Cuándo se firma el decreto o cuándo se logra la ratificación legislativa?

En este punto hay discrepancias entre Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado. Pero lo concreto es que la ratificación legislativa retroactiva, podría zanjar la cuestión. Pero ya han pasado quince años y la votación por sí o por no brilla por su ausencia.

Más curioso aún es que el tema está vinculado a otro no menor y es el de las revisaciones a los autos particulares, prevista no sólo en la ley provincial de tránsito sino también en la normativa nacional que tantas confusiones genera en los mendocinos cuando deben salir en su vehículo a vacacionar. Parece obvio que será necesario llamar a otra compulsa de oferentes y ampliar la cantidad de talleres que extiendan el certificado.

Los Andes intentó comunicarse con legisladores y el secretario de Transporte, Diego Martínez Palau, pero no hubo respuestas.