En principio, indicó que si bien se habían sustanciado distintos sumarios desde 2001, “no teníamos la menor sospecha que podía suceder una cosa así”, sostuvo al referirse a la denuncia por explotación infantil.

Una primera irregularidad detectada incluso en la Justicia, es que la escuela no cumplía con la matrícula de 15 chicos para continuar abierta. La funcionaria sostuvo que “no hay matrícula en la zona”, agregando que en su gestión ya se estaba apuntando a la posibilidad de hacer un establecimiento fuera de la finca de Ortiz y su pareja, Walter Cuéllar.

Indicó que en el historial, se detecta que los chicos que asistían al establecimiento eran los hijos de los trabajadores de la finca de El Destierro. Pero que ésta quedó sin matrícula luego que la finca dejara de producir. Ante ello, y la detección que no cumplía con la matrícula, se había dispuesto cerrar la escuela.

Fue cuando Ortiz apareció con una matrícula de 16 chicos acusando en los medios la decisión del Gobierno. “Se tomó la medida preventiva de no cerrar la escuela, al momento que se empezó a averiguar de dónde eran los chicos”, contó la ministra a Nuevo Diario. Fue entonces que se descubrió que los chicos no pertenecían al radio del paraje donde estaba la escuela. De hecho, pobladores de Tolloche (Anta), sostuvieron que la docente iba a buscar chicos de esa localidad para llevarlos a la escuela.

Respecto a la exoneración dispuesta por la Dirección de Personal de la Provincia, indicó que esto sucedió tras el dictamen de Fiscalía de Estado, el cual estaba listo en el mismo momento que se denuncia la explotación de los niños.

“El Juzgado ordenó el cierre”

“La cierra el Juzgado Federal (a cargo de Miguel Medina) a la escuela”, respondió la ministra al sostener que esto sucedió ante las investigaciones que debían comenzar a sustanciarse en torno de la causa iniciada. Respecto de la construcción del albergue dentro de tierras privadas, explicó que es un problema común, agregando que esa construcción fue realizada en gestiones anteriores.