En reunión de Concejo en Comisión, legisladores capitalinos abordaron diversos temas que hacen al interés directo del bolsillo de usuarios del transporte y de contribuyentes y que serían definidos en la sesión prevista para mañana a partir de las 9.
En la fecha los concejales seguirán la discusión sobre el futiro inmediato del proyecto de presupuesto de gastos, cálculo y recursos municipales para el ejercicio 2012, la Ordenanza Impositiva, la prórroga del contrato de concesión a favor de la cooperativa “16 de Noviembre” y el funcionamiento de las ferias en predios privados.
Por otra parte, la Comisión de Finanzas y Economía se reunirá hoy desde las 9, a los fines de continuar con el análisis de diferentes temáticas.
El edil José Luis Sánchez, presidente de la comisión, manifestó que “la voluntad de nuestro Intendente es promover la cultura, el turismo y el bienestar social en los barrios periféricos de la ciudad capital y que estos temas se vean reflejados en el presupuesto, es por eso que se tiene una partida muy importante, una inversión de 21 millones de pesos para tales fines”.
Destacó que “el principal lineamiento de este presupuesto es cumplir con el pago de haberes del personal municipal para garantizar un servicio eficiente, este cumplimiento nos traería una armonía con los distintos sectores gremiales”.
Otro eje importante es la inversión en los barrios, promoviendo la participación ciudadana en la decisión de los proyectos de obra pública a priorizar.
“Esto no lo puede hacer solo el municipio, sino que necesita del esfuerzo de los vecinos a través del Presupuesto Participativo, ya que con esta herramienta son los vecinos quienes deciden cuales serán las obras para su barrio. Con este sistema logramos concretar muchas obras de cordón cuneta y pavimentación en diferentes barrios que fueron gestionadas en muchos casos por los centros vecinales”, sostuvo Sánchez.
Fellner defendió el
trato financiero de
Nación a provincias
El gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, aseguró enfáticamente que “nunca antes” las provincias argentinas recibieron “tantos fondos y ayuda como en el gobierno de Cristina Fernández”. De esta manera, se pronunció respecto de la reasignación de partidas presupuestarias dispuesta por el Gobierno de la Nación, resaltando que “de ningún modo, puede ser tomada como un perjuicio a los diferentes estados del territorio nacional”.
“Durante parte del 2010 y todo el 2011 muchas provincias argentinas, entre ellas Jujuy, se vieron ampliamente beneficiadas por la decisión de la propia Presidenta, de implementar el Programa de Desendeudamiento Provincial, que significó un período de gracia de 18 meses, en el que las jurisdicciones no tuvimos que afrontar pagos de amortizaciones e intereses de nuestra deuda pública con la Nación”, recordó el Primer Mandatario.
Para Fellner es “casi una infamia” decir que la Nación les quitó recursos a las provincias, “cuando justamente no debimos recurrir a nuevos endeudamientos por la firme decisión del gobierno nacional, que siempre estuvo guiada por el criterio de equidad federal”, argumentó.
Destacó además, el hecho de que “en el Presupuesto 2012, recientemente aprobado por el Congreso de la Nación, hay partidas por casi $ 15.000 millones imputadas al Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas Provinciales”.
“A todo ello cabe agregar que el aumento de los recursos coparticipados fue notorio, ni qué decir de la coparticipación del Fondo de la Soja y de la mayor cobertura social implementada con fondos nacionales, mediante herramientas varias, tales como la Asignación Universal por Hijo, además de la fundamental inversión en obra pública e infraestructura”, enfatizó el Gobernador.
Temas para futura
agenda legislativa
El diputado radical Pablo Baca planteó algunos temas pendientes que -consideró- deben integrar la agenda parlamentaria de 2012 y que pueden significar mejoras sustanciales en la calidad de las instituciones, el fortalecimiento democrático y el ejercicio de los derechos fundamentales.
En esa línea, estimó que urge el tratamiento de un régimen de coparticipación municipal que permita a los gobiernos locales contar con una herramienta que les garantice equidad en el acceso a los recursos, su autonomía municipal y un marco de previsibilidad para el desarrollo de sus planes de gobierno.
“Es preciso definir por ley los criterios objetivos para la distribución de los recursos coparticipables hay que eliminar cualquier posibilidad de arbitrariedad o discriminación hacia los municipios y garantizarles la independencia que se ve afectada cuando el acceso a los recursos queda supeditado a la discrecionalidad de los funcionarios de turno”, argumentó.
En materia de calidad institucional, señaló que existen otros temas pendientes como la sanción de una norma que permita modificar el actual sistema de selección de magistrados. “Hay que introducir criterios que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a la magistratura, en base a medidas que tengan en cuenta la idoneidad de los postulantes. Es una herramienta necesaria para garantizar la independencia del poder judicial y asegurarle a la ciudadanía un servicio de justicia de calidad”, sostuvo.
Evaluó que urge derogar la actual Ley de Faltas que data del año 1951 e impulsar un Código de Convivencia en línea con los tratados internacionales de derechos humanos.
“La Ley de Faltas afecta gran parte de los derechos garantizados en el denominado ‘bloque de constitucionalidad’. Hay en particular un principio del derecho penal, que se denomina tipicidad, que exige que las especies de delitos se determinen exactamente y por el cual nadie puede ser sancionado por lo que es, sino por lo que hace. En la Ley de Faltas sucede lo contrario. Se hace referencia a ‘vagos habituales’, a ‘mujeres inmorales’ o ‘clandestinas’, o se sanciona el ‘merodeo’ y la mendicidad. Según esta ley, un funcionario policial puede establecer a simple vista que alguien es un vago, un mendigo, un merodeador o una mujer inmoral, y así, sin más, tener por configurada la falta”, manifestó.
En otro orden, estimó que Jujuy se encuentra “en mora con respecto a la definición de una institucionalidad estatal que sea capaz de receptar, gestionar y promover los derechos garantizados a las poblaciones indígenas”.
“Jujuy es la provincia con mayor presencia de comunidades indígenas, sin embargo no sólo dentro de la estructura de gobierno no existe un organismo específico, sino que además no se han definido mecanismos para garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado de las comunidades”, advirtió.
Para Baca, es necesario formular leyes que respeten esos derechos, para reducir la conflictividad que se plantea, particularmente, en cuestiones referidas a los derechos territoriales y la gestión de los recursos naturales.
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