En buena parte del Viejo Mundo, se percibe la influencia de lo que en el mundo de los medios se conoce como "Plan Sarkozy", una propuesta surgida del presidente francés que tiene como objetivo máximo la desaparición completa de la publicidad en las redes televisivas públicas de ese país.

El proyecto, que se aplica en Francia de forma gradual hasta lograr el año próximo 24 horas de transmisión continua sin publicidad, se instaló con fuerza en España, cuya televisión pública inició 2010 con un primer ensayo de emisiones sin pausas ni tandas.

La cuestión sobrevuela también a la televisión pública alemana, en la que apenas hay 30 minutos diarios de publicidad, reducidos a cero los fines de semana, y también a la italiana, en la que rigen normas que obligan a los tres canales de la RAI a no excederse de los siete minutos de publicidad por cada hora de transmisión.

Mientras la decisión política en el más alto nivel parece consolidarse, irradiada desde Francia al resto de los países del continente con fuerte presencia de la TV pública, un gran interrogante rodea toda esta cuestión: si la eliminación de la publicidad es un hecho, ¿de qué manera podría financiarse una cadena pública de TV en un contexto político y general dominado por la crisis, la necesidad de ahorro y la austeridad en las cuentas públicas?

Para algunos analistas, la decisión no hace más que llevar incertidumbre al espacio televisivo público y, a la vez, fortalecer al ámbito privado, que resultaría ganador al acaparar la mayoría de las inversiones. Del otro lado, los defensores de la propuesta remiten a la esencia originaria de la TV pública, que nació sin condicionamientos publicitarios con el fin de beneficiar al televidente, en cuya voluntad está el propósito de ver programas y no pasar el tiempo entre tandas, avisos y publicidades.

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El único país que parece haber resuelto el tema es el Reino Unido. Allí, la televisión pública (nada menos que la prestigiosa BBC) emite unas 55.000 horas de televisión anuales sin publicidad alguna, ya que se financia con un canon de 150 euros anuales solventado por cada aparato de TV que hay en el hogar.

Por más que un esquema de estas características parezca difícil de aplicar en la Argentina, no estaría mal que este debate llegara aquí en algún momento. Sobre todo, cuando la presencia publicitaria se torna por momentos agobiante en las extensas transmisiones futbolísticas que Canal 7 lleva adelante los sábados y domingos.

Allí, en vez de publicidad oficial concebida con sentido estricto de interés público y utilidad genuina para la población, la concepción de los avisos deja la equívoca sensación de que el estado de ánimo de los ciudadanos mejora gracias a los esfuerzos del actual gobierno en la realización de obras. Parece difícil que con una idea fuerza de este tipo, propia de un medio limitado a las necesidades gubernamentales, no será posible debatir aquí presente y futuro de una genuina TV pública.