Después de las especulaciones que trascendieron esta semana en los despachos de algunos diputados provinciales de la oposición, la mayoría de los legisladores de todos los bloques coincidieron en que la renegociación del contrato petrolero del Estado chubutense con la operadora Tecpetrol debe pasar por la Cámara de Diputados.
Sobre la no llegada del proyecto a Diputados, dijo: "es una información que no sé de dónde nace pero tiene que ver con un proceso que se ha seguido anteriormente y que continuará, es una obligación de la Legislatura tratar los convenios del Ejecutivo y el acuerdo que se celebre con Tecpetrol tiene que pasar por la Legislatura", aseveró Karamarko.
Insistió que por una obligación constitucional el convenio debe para por la legislatura "sí o sí, no queda otro camino".
En relación a las declaraciones de los integrantes del directorio de Petrominera, el diputado radical Roberto Risso aseguró que en su vida "he escuchado cosas ridículas pero como éstas nunca" y agregó que si la política de los recursos naturales la resolverá Luis Tarrío, Roddy Ingram y Rafael Cambareri "es una falta de respeto a la sociedad y al justicialismo, es muy poco serio".
Risso indicó además que no hay nada que pueda justificar que un debate como este no se haga de cara a la sociedad, "quizá algún funcionario tenga interés que la discusión se haga en las cuatro paredes de Petrominera, pero la sociedad quiere que esto se discuta como corresponde, además de ser ridícula y estúpida la propuesta esconde algo, si Petrominera sostiene ésto debemos investigarlo".
EL PAPEL DE PETROMINERA
En las sospechas que ganaron espacio esta semana, se deslizó que los directores de la empresa estatal Roddy Ingram y Rafael Cambareri, habrían considerado que la extensión del contrato no debía pasar por la Legislatura de Chubut.
Inmediatamente, los diputados recordaron que la Constitución obliga a cumplir con ese trámite cuando el gobierno negocia recursos naturales.
En paralelo el presidente de Petrominera, Luis Tarrío, salió a aclarar su posición, desmintiendo la versión que alertaba sobre la decisión de evitar el parlamento. "Ni yo ni ninguno de los dos directores que me acompañan pueden haber manifestado esta barbaridad", dijo.
Sostuvo que "el acuerdo ya está cerrado. Será el gobernador quien definirá en qué momento lo remite a la Legislatura". Consideró que una vez que llegue a la Legislatura, "habrá que ver si hay alguna posibilidad de modificación. La empresa tuvo que debatir internamente los términos del acuerdo. En este caso, igual que sucedió con PAE, el convenio va con la firma del gobernador y la operadora".
"Si está cerrado quiere decir que lo enviarán a la Cámara para cumplir con una simple formalidad", dijeron diputados de la oposición que están analizando que mayoría especial se necesita para refrendar el convenio.
El destino de los fondos de PAE llegó a la Legislatura
En una prolongada sesión, la Legislatura de Chubut mostró una vez más que es la caja de resonancia de la política provincial, con duros cruces entre oficialismo y oposición, pero también entre integrantes del mismo justicialismo. Hubo una sólida defensa al intendente Martín Buzzi, después que el diputado disidente Javier Touriñan lo criticó por el "mal uso" de los fondos aportados por Pan American Energy.
La sesión del último jueves en la Cámara de Diputados de Chubut incluyó numerosas polémicas, entre ellas un fuerte cruce entre los presidentes de las bancadas del PJ y la UCR, José Karamarko y Roberto Risso.
Fue tal el enfrentamiento legislativo entre ambos diputados que llegó hasta las ofensas verbales, aunque a la hora del análisis de leyes destacadas, sólo sobresalió la aprobación de un convenio firmado entre la Provincia y los municipios de Trelew y Puerto Madryn para generar puestos de trabajo en el sector de la construcción.
Sin duda, el tema de la tarde, fue el destino de los fondos aportados por la renegociación petrolera con Pan American Energy, que deben ser destinados a la reconversión económica del Golfo San Jorge. El punto fue introducido por Javier Touriñan, quien repasó el planteo realizado por el concejal radical, Gustavo Borracer, sobre la presunta deuda del gobierno provincial con Comodoro Rivadavia de unos 77 millones de pesos.
El legislador justicialista disidente cuestionó varias obras anunciadas por Buzzi hace ocho días en la rendición del uso de los fondos, a las que calificó como "mucho ladrillo y poca diversificación económica". En ese sentido, planteó que el Tribunal de Cuentas debería auditar que se cumpla con lo que establece la ley.
Esto motivó la respuesta de Karamarko, quien cordialmente dijo disentir, ya que este tipo de obras denota inversión en el "capital humano". Pero fue Pierina Bissi la que salió con los tapones de punta y calificó como "lamentable" la actitud de Touriñan, de estar abocado a hacer "peronismo disidente", con "denuncias baratas" y "chicanas", dedicándose a "destruir las gestiones de compañeros que trabajan".


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