El año pasado sólo se entregaron 800 viviendas. Ante un déficit que se engrosa, el gobierno sancionó una ley en octubre para realizar un fideicomiso que permitiría construir 5.500 casas. Pero está demorado, y las viviendas se terminarían a fines de 2011.
Ante un déficit que se engrosa cada vez más por la demanda, el gobernador, Celso Jaque, impulsó la ley 8095, la misma se sancionó en la Legislatura y se promulgó en octubre pasado. La norma habilitaba la creación de un fideicomiso para construir cerca de 5.500 casas a un costo de 462 millones de pesos.
El sistema que fue aprobado después de un fuerte debate legislativo está apuntado a cubrir la demanda de vivienda que tiene un sector postergado de la población "sin techo" de Mendoza que son las familias encuadradas en la clase media.
El reclamo de este segmento social se deba a que no es alcanzado por los sistema de vivienda social del Estado que prioriza a los sectores más desprotegidos socioeconómicamente, y a la vez, porque tampoco estas familias pueden acceder masivamente a los créditos hipotecarios privados por los altos costos financieros que impone el mercado, inalcanzables para un ingreso familiar promedio de jaqueada clase media.
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Ahora bien, a ocho meses de contar con la ley, el fideicomiso aún está "en construcción". El instrumento financiero se conformaría a finales de este año, por lo que las primeras viviendas de 54 metros cuadrados pertenecientes a éste proyecto se estarán entregando a mediados del 2011.
Si bien, desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) aseguran que para este año hay en ejecución 1.595 casas y que otras 1.291 se destinarán a un sector especial perjudicado por diversas inclemencias metereológicas -pero que aún no han comenzado a construirse-. Las 5.500 casas que se anunciaron en el discurso del 1 de mayo de 2009 que se iban a realizar con fondos nacionales, al final se convirtieron luego en las 5.500 viviendas del discutido fideicomiso y que aún no se constituye.
Esta información contrasta con la que dio el gobernador en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del sábado 1º de mayo, donde en sólo tres líneas informó que se han entregado 1.600 casas y hay en construcción hay 2.700. Pero nada dijo sobre el estado actual del fideicomiso para viviendas.
Auditoria para acelerar el fideicomiso
La Legislatura aprobó en setiembre de 2010 la ley para la creación del fideicomiso que impulsó el oficialismo como salida al "rojo" habitacional provincial, luego el Ejecutivo la promulgó el 7 de octubre, y a mediados de ese mes se comienza a establecer el contrato con la Nación y el Banco Nación.
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Según la explicación del presidente del IPV, Carmelo Simó (foto), a MDZ en estos meses se han presentando papeles y documentación pertinente. Por eso, desde la provincia se ha solicitado que la Nación audite al IPV para que así se pueda acelerar el proceso de formación del fideicomiso.
Una vez que se forme el fideicomiso, la estructura legal del mismo será la de emitir bonos que se ofrecerán al mercado público a una tasa del 10 a la 12 por ciento, los que no se vendan los adquirirá la Anses, siempre de acuerdo a la mirada del funcionario que está frente del organismo rector de la vivienda social desde el inicio de la gestión de Jaque.
También aseguró Simó que los bonos se emitirán por series y a partir de lo que se recaude de esas ventas se comenzará con la construcción de viviendas. Por esto es que si el fideicomiso está listo para fines de este año -de acuerdo con el cálculo optimista oficial-, recién a mediados del 2011 se entregarían las primeras casas, ya que el IPV tiene un promedio de ejecución y entrega de 10 meses.
El "agujero" habitacional que llega a las 100 mil viviendas
A comienzos de su gestión, el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, confirmó que el déficit habitacional era de más de cien mil viviendas. En este aspecto entran las familias que no tienen vivienda propia, las que necesitan agrandar sus casas o repararlas y las que son irrecuperables porque se encuentran en pésimo estado.
En la provincia la falta de viviendas se ha incrementado a medida que la población ha aumentado y sobre todo porque las políticas públicas no han acompañando este fenómeno.
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En el gobierno de Julio Cobos se firmó el Plan Federal Plurianual para la construcción de 11 mil casas, de las que se licitaron 3.250 en el 2006 y otras 1.400 en el 2007 que recién se comenzaron a construir en el 2009.
Ese mismo Plan que firmó el actual vicepresidente y el cual nunca se llegó a completar, fue el que el año pasado refrendó Celso Jaque en un nuevo convenio con la Nación. Este arrastre terminó convirtiéndose en la ley del fideicomiso que se creó para dar solución a 5.500 familias.
Según manifestó el titular del IPV, la diferencia entre el Plan Plurianual y el fideicomiso es que este último sólo contempla a las familias de clase media. En cuanto a los sectores más necesitados, Simó, remarcó que se construirán con fondos nacionales que lleguen en concepto de subsidios, pero no especificó cual será ese monto.
"Construir, administrar y supervisar"
Simó destacó que si hay algo que esta gestión ha logrado a diferencia de otras es que se ha puesto el foco no sólo en la construcción de viviendas sino también en la decisión política de supervisar si son habitadas por sus adjudicatarios y futuros dueños.
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"Tenemos un programa que se llama de inquilino a adjudicatario y el mismo consiste en que se le pide a la gente que denuncie a aquellos dueños que alquilan sus viviendas, ya que como esto no se puede hacer la idea es que el IPV recupere la casa y si quien alquila está en condiciones de quedársela entonces lo haga", explicó el funcionario.
Otra de las metas que planteo el titular del IPV, es la de ejecutar judicialmente aquellas casas que están abandonas o las de cuyos adjudicatarios no abonan la cuota desde hace años. En este aspecto resaltó el remate de una vivienda en el Sur que fue la primera de la historia del IPV en ser expropiada a su adjudicatario.
Lo que se anunció pero no pudo ser
Si bien desde que asumió Celso Jaque se mostró firme y convencido de que podría dar una solución al déficit habitacional, sin fondos nacionales que lleguen a la provincia es muy difícil subsanar este problema que afecta a miles de familias mendocinas.
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En la Asamblea Legislativa del 2008, el malargüino prometía un ambicioso plan para que la clase media accediera a su vivienda, a través de préstamos hipotecarios con tasa subsidiada por el Estado.
Luego de varios intentos a fines del 2008 se realizó el llamado a licitación para que diversas entidades bancarias se presentaran, sin embargo ante la falta de ofertas, la iniciativa no pudo prosperar. La crisis de los bancos, hizo el resto. Si bien en el 2009 se intentó reflotar este proyecto, otra vez fracasó.
El año pasado nuevamente el discurso del 1 de mayo sirvió para que Jaque expusiera su política habitacional, en ese momento anunciaba la firma del acuerdo marco con la Nación para construir 5.500 viviendas, esto era la reconversión del plan que ya había firmado Cobos años atrás.
Para el 2010, el gobernador prometió con el fideicomiso hacer realidad un sueño que hoy tienen miles de familias mendocinas que es tener la casa propia, sin embargo hasta ahora ese anhelo es para muchos un imposible al cual el Estado no le ha podido dar una solución.
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