En el Concejo Deliberante de la ciudad están analizando los cambios que le harán a la ordenanza que regula el servicio de taxi, la cual debería tratarse en la sesión de la semana que viene, pero que será postergada hasta que el recinto sea habilitado a mediados de agosto tras los arreglos que se realizarán las próximas semanas.

La concejal de Libres del Sur Mercedes Lamarca propuso el pasado martes agregarle un artículo para que se suspenda la licencia de aquellos choferes que tengan abierto un proceso penal en su contra.

El disparador de la iniciativa fue la denuncia que realizó una joven de 19 años el fin de semana pasado, quien aseguró que sufrió un abuso sexual por parte de un conductor de un remise. Según trascendió, el conductor del vehículo era un "franquero", es decir, un conductor contratado por el dueño del auto para trabajar las horas de franco del peón.

Reunión

A raíz de esto, Lamarca se reunió con Marcelo Bermúdez, secretario de Coordinación del Municipio de la ciudad, para ver cómo se podía evitar que un suceso así vuelva a ocurrir, en post de garantizar la seguridad de los usuarios del servicio de taxis.

“Definimos incorporar un artículo que establezca que a aquellos choferes o propietarios de taxis y remises que se encuentren procesados penalmente se les suspenda la credencial o licencia”, relató la concejal el martes tras finalizar el encuentro.

La utilización de estos franqueros, o choferes suplentes, está en debate entre los concejales a raíz de la puja entre los peones y los propietarios de las licencias para acordar la jornada laboral.

Los dueños quieren que la ordenanza establezca 12 horas y que el GPS -que será obligatorio- sólo controle el horario laboral, mientras que los choferes plantean que sean 16 y aceptan el control total sobre el vehículo.

Sobre el motivo de la resistencia de algunos taxistas a instalar el GPS, Lamarca consideró que se trata de una especie de confesión de partes, "parece que no quisieran que se sepa lo que se hace en horario de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un servicio público y no de una actividad privada”.