Después de atravesar su primer fin de semana sin demasiados obstáculos, la tasa vial que se aplica en Córdoba espera ahora novedades en torno de las presentaciones judiciales y administrativas.

El viernes pasado, cuando se conoció que la jueza de Conciliación de 3ª Nominación, Alicia Ulla de Torresán, rechazó un recurso de amparo presentado por el empresario Gabriel Giaveno (con el patrocinio de Pablo Landin), hubo 51 acciones de inconstitucionalidad.

Los planteos corrieron por cuenta del estudio del contador Marcos Sequeira, especialista en Procedimiento Tributario, quien interpuso los recursos en representación de particulares y estaciones de servicio, al considerar que “la vía del amparo no era la adecuada”.

Ayer, incluso, se supo que la misma jueza había denegado los 43 amparos presentados por el abogado Juan Smith.

Si bien hay plazos ordenatorios, según los cuales el Tribunal Superior de Justicia debería expedirse dentro un plazo de 90 días, Sequeira no descartó que se demore aún más el dictamen del máximo cuerpo.

El primer paso será discutir la admisibilidad formal, por lo que se corre vista a Fiscalía General, que hace un dictamen, y luego resuelve el Tribunal Superior, para establecer si avanza o no en los casos.

Y si bien los plazos también están condicionados por eventuales pedidos de prueba y acciones que lleven adelante las partes, los vocales del máximo cuerpo judicial de Córdoba recién se expedirían cerca de fin de año.

Coparticipación. Por esa razón, las mayores expectativas de Sequeira están puestas en el planteo ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI), que tiene a su cargo el cumplimiento del régimen de coparticipación federal.

“Allí tengo más confianza en los plazos, que pueden ir de 60 a 120 días, pero voy a estar encima del caso”, explicó el especialista, cuya experiencia más resonante en ese organismo fue el caso de los cuatro laboratorios medicinales en contra del denominado impuesto “a la valija” en Río Cuarto.

El pedido, en este caso, es que la Comisión disponga la retención de los fondos por el impuesto a los combustibles, al gasoil e IVA que se transfieren a la provincia, hasta tanto se derogue la ley 10.081 que creó la tasa vial.

Esa decisión recaerá en la mesa directiva que, entre otras provincias, también integra Córdoba. En general, la CFI está formada por funcionarios nacionales y los responsables de Finanzas de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, la Federación de Expendedores de Combustibles (Fecac) indicó que dentro de dos semanas tendrá el primer diagnóstico del impacto de la tasa vial en el sector.

“Tenemos estaciones testigo en distintas localidades, incluso por perfil de demanda. Cuando realicemos la primera liquidación veremos qué paso”, indicó el titular de esa entidad, Pablo Bornoroni.

Por lo pronto, la intendenta de Quilino, Soledad Carrizo, en declaraciones a Cadena 3, dijo que pedirá que esa localidad quede exceptuada de la tasa.

Ayer, en tanto, la Dirección General de Rentas, a través de la Resolución 1861 publicada en el Boletín Oficial , habilitó el Formulario F-966 “Declaración Jurada y Pago Tasa Vial Provincial”, que emitirá el sistema cuando los expendedores tengan que liquidar lo recaudado.