Durrieu planteó además la oportunidad de avanzar en un “reformulación integral” del sistema impositivo que rige en Tierra del Fuego.

Según señaló a El Diario del Fin del Mundo, “técnicamente sería importante rever el capítulo de tasas para “ir a un esquema más típico” y por ende “menos susceptible de ser objetado, para evitarse reclamos”; rever el actual esquema de Ingresos Brutos “ya que por ahí hay cosas que están gravadas en todo el país y acá no, o que están gravadas a menor presión, así que mi opinión técnica es ir un análisis global del sistema”.

Dentro esta reformulación integral, insistió en la factibilidad de implementar “el impuesto de sellos sobre los resúmenes de tarjeta de crédito”. Esta idea ya fue impulsada en su momento sin éxito, ya que la medida no encontró eco favorable en el Parlamento. Durrieu defendió esa herramienta argumentando que “él que usa tarjeta, consume, y si consume es porque tiene capacidad contributiva”, y que la misma que “acá se vio tan desfavorablemente, en otros lugares es una cosa de todo los días, como en la provincia de Buenos Aires”. También señaló la conveniencia de reabrir la discusión sobre la implementación del denominado régimen simplificado de Ingresos Brutos para pequeños contribuyentes. Explicó que ese mecanismo permite establecer categorías sobre las que tributa el contribuyente “lo que simplifica el trámite tanto para el contribuyente como para el Estado”.

En este marco de redefinición de la estructura tributaria, anunció que ya se ha definido un nuevo mecanismo para el revalúo fiscal del inmobiliario rural, publica el matutino. Reconoció que este tema constituye una “deuda pendiente” de resolución, pero que ya definido el nuevo parámetro a implementar, el que dijo está en un todo de acuerdo con lo que determina la ley de catastro nacional.

Tras la última reforma legislativa, la base imponible del Impuesto Inmobiliario Rural, quedó constituida “por la valuación fiscal de cada inmueble rural que resulte de multiplicar la capacidad receptiva ovina por hectárea para la categoría del predio, por la superficie del predio, por la producción promedio de lana por cabeza de ovino para la Provincia, por el valor del kilo de lana para la temporada inmediata anterior según el mercado de referencia”. Si bien esta modificación permitió que la recaudación anual pasara de unos 60 mil pesos a cerca de 150 mil pesos, Durrieu sostuvo que el nuevo mecanismo a implementar parte del un denominado “valor unitario base” de la hectárea. Explicó que para determinar ese valor base “se tomaron todas las operaciones de compraventa que hubo en la provincia en los últimos 7 años, sobre el que se aplican coeficientes de ajuste. Por ejemplo, si en el campo hay un río con pesca deportiva, se multiplica el valor base; si hay vista a un lago se multiplica el valor, pero si no tiene ninguno de esos electos se aplica otro coeficiente que redice el valor, y eso nos determina una revalúo que no va a dar una recaudación más que considerable, ya que pasaríamos a un recaudación de millones”, apuntó. Estimó que en breve estará en condiciones de ponerlo a consideración del Parlamento.

Durrieu señaló que los cambios que deberían adoptarse en materia impositiva apuntan a garantizar el “principio de igualdad” tributaria, ya que aseguró que “no hay nada más injusto que unos paguen y otros no, o que unos colaboren al sostenimiento del estado y otros no, así que la idea es gravar a todos en la proporción que corresponde y que nadie se escape”.

Aún cuando dijo que ya se han logrado avances en la materia, que se ven respaldados por los niveles de recaudación, reconoció todavía en la provincia no tributan todos los que deberían hacerlo. “Todavía hay algunos que se siguen financiando no pagando Ingresos Brutos” lo que genera una situación de desigualdad que debe corregirse. En este punto dijo que eso “no tiene que ver con la tarifaria, sino con el funcionamiento de la propia secretaría en los que hace a la actividad de fiscalización”, que le es propia.