“El boleto promedio en la Ciudad de Buenos Aires es de 1,15 peso y sin subsidio estaría en el orden de los 4,44. En el caso de la provincia de Catamarca, el boleto promedio es de 2 pesos y sin subsidio sería de 4,17. Habla a las claras de que tenemos que restablecer equilibrios que hoy están siendo violentados”, dijo De Vido en su informe en el Congreso.

Los “equilibrios” que dice el ministro, existen en beneficio, precisamente de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y en desmedro del resto del país.

Concretamente, Buenos Aires y el Conurbano reciben, para el transporte público, el 77 por ciento de los subsidios que aplica el Estado nacional. El 23 por ciento restante va a las provincias.

En Neuquén, la empresa Indalo recibe subsidios nacionales y municipales que cubre entre 40 y 60 por ciento de la estructura de costos, según el mes que se trate. Esto quiere decir que la propuesta de aumentar el boleto a 3,85 pesos, que fue formalizado en el Deliberante, incluye ya esos subsidios.

De no existir esos aportes estatales, el transporte sería aun más caro: a los 3,85 pesos habría que sumarle el resultado del 50 por ciento promedio que es subsidiado de los costos fijos que debe afrontar Indalo, o cualquier otra empresa que prestara el servicio.

Esta es la realidad, porque hay inflación en Argentina, y esa inflación incide directamente en los costos del transporte.

Esto lo saben tanto los concejales oficialistas como los opositores. Discutir el aumento del boleto acotando la cuestión al control del cumplimiento de un contrato recién firmado, sin tomar en cuenta lo generoso del subsidio y lo perjudicial de la inflación, es hasta ingenuo, si no fuera decididamente culposo.