Según informaron fuentes judiciales desde la capital provincial, no se presentaron al debate ni el magistrado ni su defensor, por lo que no se pudo llevar a cabo la recepción de los testimonios.

A la par, se trató como cuestión previa la presentación llevada a cabo por el defensor César Civo para pedir la suspensión del debate. Esa cuestión fue descartada por el jurado, que decidió continuar con el proceso.

De acuerdo a la ley, ante la incomparecencia de la defensa técnica, se le dio intervención a la defensoría oficial para que designe un defensor que adopte la figura del Juez de Garantías suspendido de nuestra ciudad. Según se supo, será representado por el doctor Cirille, responsable de la Defensoría descentralizada de Saladillo, quien pidió un plazo para poder asesorarse sobre la causa.

El debate se reanudará este miércoles desde las 15, donde ya se podrá llevar a cabo la recepción de los testimonios.

El jurado está presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo de Lázzari, junto a diez conjueces abogados con matrícula en la provincia y legisladores, quienes serán los encargados de resolver si se destituye o no al magistrado, actualmente de licencia.

A Saladino se le imputa haber acordado con el defensor Marcos Alonso, asesinado en 2010, favorecer la situación procesal de su asistido, Walter Gallastegui, a través del cambio de calificación de un hecho, que originariamente había sido tipificado como "homicidio simple en grado de tentativa" y luego se redujo a "lesiones graves". De esta forma, Gallastegui iba a obtener el beneficio de la excarcelación, algo que finalmente no sucedió.

El juez fue denunciado ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 de Mar del Plata y el fiscal interviniente, David Bruna, entendió que "surgían elementos para presumir que Saladino resultaba ser autor penalmente responsable del delito de cohecho agravado". Ese expediente aún no pudo avanzar porque se espera la decisión del jurado, pero a raíz de su formación Saladino fue acusado por la Procuradora General de la Suprema Corte, María del Carmen Falbo, y por la Comisión Bicameral de la Legislatura.

Al suspendido juez le imputan "incumplimiento de los deberes inherentes al cargo" y "la realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone y de actos de parcialidad manifiesta". Además, una investigación realizada por la Secretaría de Control Judicial de la Corte reveló que existían correos electrónicos entre Alonso y Saladino, en los que quedaría probada la connivencia entre ambos, en el "arreglo" de causas para beneficiar imputados.