La Dirección Provincial de Arquitectura, a través del Departamento Inversiones y Contrataciones, licitó la construcción cinco nuevos Servicios Zonales de Protección a los Derechos del Niño, entre los que se encuentra uno destinado a nuestra ciudad.

Las obras serán financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo y su ejecución está prevista en un plazo de ejecución de 240 días para cada una de las cinco sedes, que además de Tandil, incluyen a Coronel Suárez, Olavarría, Roque Pérez y Zárate.

La inversión para cada una de las edificaciones, que en el caso de Tandil se ubicará en la cercanía del Hospital Ramón Santamarina -en un terreno ubicado sobre la calle Alem- oscilará entre los 900 y el millón 200 mil pesos, dependiendo de las características particulares de cada centro.

El nuevo edificio incluirá además de Servicios Zonales de Protección a los Derechos del Niño, el Servicio Local, aunque fuentes oficiales aseguraron que el complejo no incluiría el denominado Centro de Referencia.

Los Servicios Zonales de Protección a los Derechos del Niño -que en nuestra ciudad funciona en una casa alquilada sobre la calle Maipú casi Rodríguez- constituyen instancias descentralizadas de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, cuya ubicación territorial es coincidente con la regionalización educativa.

Durante el acto de licitación de las obras, estuvieron presentes Graciela Nievas, por el Departamento de Inversiones y Contrataciones de la Dirección Provincial de Arquitectura; Hernán Santori, representante de la Dirección General de Administración; Patricia Corsiglia, Asesoría General de Gobierno; Cecilia Lavot, asesora de la Unidad de Coordinación de Proyecto de Obra.

Por parte del Ministerio de Desarrollo Social, participaron el subsecretario de políticas Sociales, Walter Romero; el director de Infraestructura Comunitaria y Tierras, José Bianqueri, y la coordinadora del Área Arquitectura de la Dirección de Infraestructura y Tierras.

Bajo un nuevo paradigma

La implementación de los servicios de Protección de los Derechos del Niño, se encuentra prevista en la Ley 13.298, cuyo enfoque principal apunta a evitar la judicialización de las conductas de los menores, en pos de construir un sistema de contención y prevención, considerando al adolescente como una persona con derechos y obligaciones.

De esa manera, la norma ubica a los menores «como sujeto de derecho y en el que se privilegia el papel activo de las familias, apoyadas por las redes sociales», está fundamentada en un espíritu que busca evitar la institucionalidad de los jóvenes.

Según datos oficiales, el 90 por ciento de los chicos internados en institutos de menores de la Provincia, estaban alojados por causas asistenciales y no penales, y a raíz de ese dato se buscó la sanción de una norma que «establece estrategias organizativas y jurídicas que buscan fortalecer a las familias para la protección de los derechos de los chicos».

Por otra parte, la nueva ley de Menores para la provincia de Buenos Aires otorga a los adolescentes acusados de cometer delitos las mismas garantías procesales que los adultos. La iniciativa, deroga el decreto Ley 10.067 de la última dictadura militar y crea un nuevo régimen de Protección Integral de los Derechos del Niño y el Adolescente en el que desjudicializa las causas asistenciales.

En el texto de la nueva ley se establece que los menores que cometan delitos tendrán las mismas garantías que los adultos, con la creación además del Fuero del Niño que incluye a los actuales jueces, pero incorpora además a fiscales y defensores, ausentes en la actual legislación.

Obliga además a cada Departamento Judicial, a contar con un cuerpo de peritos especializados en la materia y establece que a los menores se les aplicarán las normas del Código de Procedimiento Penal.

Determina también que la internación o cualquier otra medida que signifique la internación del menor en una institución pública o privada, tendrá carácter de excepcional y será aplicada como medida de último recurso por el tiempo más breve y debidamente fundada.

La ley, elaborada en base a un anteproyecto presentado por el entonces ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Cafiero, aborda también las denominadas «causas asistenciales», es decir aquellas que involucran a menores por cuestiones sociales y no por haber cometido delitos.

Por otra parte, define a los menores como «las personas de ambos sexos desde su concepción hasta alcanzar la mayoría de edad» y establece que las políticas de minoridad se implementarán descentralizadamente a través de una concertación articulada de acciones de la Provincia, los municipios, las organizaciones de la comunidad y las de atención específica a la infancia y a la juventud.