El informe indica que en el período auditado -del 1 de enero de 2009 al 30 de junio de 2010- la Municipalidad entregó a la Tamse subsidios por $ 98.004.758.15, y ésta sólo pudo rendir, con comprobantes, gastos por $ 36.530.187,65. Es decir, han quedado sin rendir casi dos tercios de la ayuda municipal: $ 61.474.570,50.

Es una suma sin rendir realmente exorbitante, al punto que Agüero anticipó que hoy al mediodía se presentará en los tribunales para pedirle a la Justicia que investigue la presunta comisión de irregularidades penales.

Casi se descuenta que los gastos no rendidos son en gran parte consecuencia del caos administrativo que siempre se le ha señalado a la empresa municipal de transporte, más que ha hechos dolosos. Sin embargo, como señaló Agüero, con que haya un 10% o aún el 1% de dinero desviado dolosamente, es una suma suficientemente expresiva como para pedir que se determinen responsabilidades.

Y es necesario hacer una precisión sobre las eventualidades penales de esta auditoría: aunque no hayan ido a parar al bolsillo de un funcionario, la simple dedicación de partidas a gastos distintos para los que habían sido destinados, ya configuran delito (malversación).

Los principales aludidos son quienes en el período revistaron como presidente del directorio de la empresa, Raúl Merino (luego premiado con un ascenso a la Secretaría de Transporte) y Hugo Germán. Esto en lo que hace a las responsabilidades penales, porque políticamente también debe responder el intendente Daniel Giacomino.

La auditoría trató de determinar el destino de $ 98.004.758,15 entregados a través de 22 decretos por la Municipalidad como subsidios no reintegrables.

Esta es la primera auditoría del Tribunal de Cuentas, pero en el mes que hoy se inicia comenzará una segunda inspección dispuesta por el organismo de control administrativo del municipio, que fue pedida por el bloque de concejales radicales y que fuera sancionada luego por el cuerpo.

Esta auditoría arrancará en julio de 2002 -mes de creación de la

Tamse- y se extenderá hasta la fecha, habiéndose previsto que incluya también a las dos privadas. El argumento que se esgrimió oportunamente en el Concejo fue que el Tribunal de Cuentas tiene jurisdicción para auditar a las privadas porque éstas han recibido subsidios municipales.

Esta claro, en este caso, que la intención de los concejales es conocer la estructura de gastos y beneficios de las privadas, bajo la sospecha de que cuando reclaman aumentos de tarifa, sobreestiman los costos para maximizar sus beneficios.

Sin embargo, debe precisarse en este punto que los ajustes tarifarios sancionados por el Concejo siempre han estado por debajo del propio cálculo de costos de la Municipalidad. Y si no, allí están las sentencias del Tribunal Superior con fallos favorables y recurridos a la Corte Suprema, por los aumentos resueltos por el Concejo por debajo del estudio de costos oficial.