El meneado tema de la auditoría externa que contrató la empresa Tamse y que corroboró cuanto menos gruesas desprolijidades administrativas en las liquidaciones de sueldos y vacaciones entre enero de 2007 y mayo último, escribió ayer un nuevo capítulo.

Aunque desde la empresa intentaron dar virtualmente por cerrado el tema la semana pasada, ayer el juecismo presentó una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos; en tanto, desde el propio giacominismo salieron a pedir un nuevo análisis contable, más extendido en el tiempo, desde la creación misma de Tamse durante la gestión de Germán Kammerath.

En rigor, la opción de una denuncia penal era sugerida, ya a fines de mayo pasado, en el primer informe de la auditoría que realizó el estudio Dutto & Asociados. Luego, el análisis fue suavizado en sus términos y concluyó sugiriendo actualizaciones y correcciones en procedimientos administrativos de la empresa.

“Sólo estamos haciendo lo que no hicieron las autoridades de la empresa y el municipio en su momento: poner los antecedentes en manos de un fiscal para que determine si hubo ilícitos o no. La auditoría les recomendaba eso, pero optaron por cajonearla”, señaló Walter Nostrala, jefe de los ediles del Frente Cívico.

Junto al tribuno de cuentas Mario Agüero –también juecista– fue quien formalizó ayer la denuncia penal.

Por otra parte, desde filas del propio oficialismo, la concejala Sandra Trigo se pronunció en favor de que se realice una nueva auditoría, aunque esta vez por intermedio de la Universidad Nacional de Córdoba.

También pidió que el análisis no se detenga sólo en los dos últimos años y que se audite todo el desempeño de la empresa desde su constitución.

“Me parece muy importante, para que a los cordobeses que contribuyen al sostenimiento de la Tamse no les quepa ninguna duda respecto de si hubo una mala administración de la misma”, indicó la edila.

Así, abrió una nueva puerta para que se investiguen los números de la empresa municipal, que entre lo consolidado en 2009 y lo proyectado para 2010, estaría redondeando un déficit acumulado superior a los 100 millones de pesos.

Si bien Trigo aclaró que lanzaba esa idea a título personal y que debe discutirla primero con su bloque, no es un dato menor que se trata de la tercera autoridad de la ciudad –es presidenta provisoria del Concejo Deliberante– y que precisamente ayer estaba a cargo del Departamento Ejecutivo, por ausencia del intendente y el vice.

Además, su pedido expreso de abarcar toda la gestión de Tamse no es inocente: busca involucrar en ese estudio el desempeño de la empresa durante la gestión del ex intendente Luis Juez (2003-2007). Justamente una de las caras más visibles de la firma en ese período fue el concejal Nostrala, quien se desempeñó allí hasta diciembre de 2007.

Ese año, vale recordar, también fue incluido en la polémica auditoría, que entre otras cosas determinó desmanejos en el otorgamiento de anticipos de sueldos y presuntos pagos duplicados de horas de trabajo y vacaciones.

“Me fui hace más de dos años de Tamse y sin ninguna denuncia. Que investiguen lo que tengan que investigar. No hay ningún problema”, dijo Nostrala. También precisó que en 2006, durante su gestión, Tamse licitó el servicio de auditoría y balances, que fue ganado por el mismo estudio Dutto & Asociados.

“En esa época no encontraron nada raro. Ahora parece que sí”, recalcó, devolviendo la pelota al campo del oficialismo y también a sus pares de la UCR, que lo cuestionaron su dureza.

El jefe de los ediles radicales, Marcelo Cossar, calificó a Nostrala y Agüero de “caraduras” por considerar que también están “comprendidos” en la mala administración de la Tamse y pidió –al igual que Trigo– que se investiguen “por lo menos los últimos seis años” de esa firma.

“Cossar se molesta porque llevo este tema a la Justicia, que es lo que corresponde. Me llama la atención la cerrada defensa que hace de la gestión Giacomino”, retrucó Nostrala.

Números cambiantes

Análisis. El 20 de mayo último se conocieron los resultados de la auditoría que encargó Tamse y que abarcaba desde enero de 2007. El estudio detectó más de 1.900 casos de adelantos salariales otorgados en exceso y posible duplicación de pagos por vacaciones. Recomendaba hacer las denuncias correspondientes.

Cambio. Después de 40 días de mutismo, Tamse y el municipio dieron una nueva versión, que incluía descargos de los aludidos. Así, se descartaban de plano irregularidades y se sugerían procedimientos administrativos. Disconformes, desde el juecismo hicieron una denuncia penal. Giacoministas proponen otra auditoría.