Sin embargo, a rigor de verdad, desde su creación (en julio de 2002) la estatal no sólo que genera un terrible déficit sino que además no guarda la más mínima relación entre la calidad del servicio y la cantidad de empleados que tiene. De hecho, todos estos elementos derivaron en una auditoría que realiza el Tribunal de Cuentas Municipal, donde el intendente ya no tiene mayoría.

La crisis política desatada la semana pasada en el área de Transporte del Palacio 6 de Julio, que terminó en el relevo de toda la cúpula directiva de Tamse y en la renuncia de Raúl Merino, no hizo más que profundizar el caos que reina desde hace años adentro de la firma.

Son muchos los factores que la convierten en una brasa caliente que nadie quiere agarrar: necesita alrededor de 6 millones de pesos mensuales para funcionar (la mayoría de los ingresos son destinados a la partida salarial); es la empresa que más choferes tiene por unidad; el índice de carpetas médicas triplica al de las empresas privadas; y sus coches se encuentran en pésimo estado (muchas veces por el descuido de los propios choferes).

Como si esto fuera poco, y en comparación con lo que ocurre en las privadas Ciudad de Córdoba y Coniferal, Tamse es la que más paros y asambleas realizó en lo que va del año. Según contabilizó este medio, en nueve meses, el servicio estuvo parcial o totalmente interrumpido en, al menos, 25 oportunidades. Los reclamos por mayor seguridad, por la falta de mantenimiento de las unidades y por el pago de los juicios de empleados jubilados terminaron con medidas de fuerzas sorpresivas que dejaron de a pie a miles de usuarios.

Para dimensionar el perjuicio que ocasiona este tipo de decisiones tomadas arbitrariamente por los choferes de UTA, basta mencionar que la empresa en la actualidad transporta al 40 por ciento de los pasajeros del servicio (incluidos colectivos comunes, diferenciales y trolebuses).