Pero, además, levantan la apuesta y dicen que en esa ley debería incluirse el reclamo por la liquidación de las regalías petrolíferas al precio total del barril y no al 50%, como se liquidan actualmente.

Los demócratas sacan a la luz otro reclamo histórico, un clásico de los reclamos opositores cuando falta plata en las arcas públicas: las regalías petrolíferas. Y ya que el radicalismo apura al PJ con que reclame la plata recortada de la coparticipación, los demócratas dicen que están en total sintonía con los de la UCR y que, además, habría que incluir el tema petrolero también.

“Son 4.000 millones de pesos entre todos los temas”, recuerda el senador Carlos Aguinaga. ¿Cómo se liquidan las regalías petrolíferas? No es un trámite sencillo que consista en aplicar un porcentaje sobre el precio internacional del barril, sino que la Secretaría de Energía de la Nación pone un precio político, menor que la cotización de mercado.

Así, por ejemplo, actualmente el precio del barril en Texas (que se toma como valor de referencia) ronda los 106 dólares. En los últimos días, la Secretaría de Energía ha cotizado el barril para la liquidación de regalías en 67 dólares, poco más de la mitad.

Es por esto que la oposición suele mencionar el tema. Es que, al poner un precio menor para la liquidación de regalías, la provincia pierde una importante suma de dinero, que rondaría los 1.200 millones de pesos por año.

Así es que los demócratas lanzan también su bomba, el día después que el radicalismo lanzase la propia. En realidad es una idea que tiró el presidente del PD Andrés Grau, quien no sólo está en “total acuerdo” con la idea de los radicales, sino que además dice: “agregaría las regalías petroleras”.

Es que el proyecto de los radicales requiere del apoyo de los demócratas, por lo que el comentario tiene casi un valor de convite a la UCR y puede ser el segundo tema en el que ambos partidos sellen un acuerdo político, tal como ya hicieron con la reforma política.

Otro mensaje en esta sintonía judicial contra la Nación es el del senador y presidente de su bloque, Carlos Aguinaga, quien dijo que “Mendoza tiene que reclamar todo lo que esté al alcance legal. Está demostrado que la Nación no va a entregar fondos. Tienen que decidir si gobiernan para Mendoza o para Cristina (Fernández). Si gobiernan para Mendoza, estaremos todos”.

Por lo pronto, el presidente de la bancada de diputados del PD, Aníbal Ríos, no descartó que en las próximas horas haya una reunión en la sede partidaria para analizar la propuesta de los radicales. “Todo lo que sea en beneficio de Mendoza lo vamos a acompañar” dijo el diputado.

El gobierno se defiende

El ministro de Gobierno, Félix González dijo que “la oposición encontró la veta. Quieren que nos enfrentemos a la Nación. Creemos que están haciendo politiquería, porque no entienden las dificultades a futuro que implica esa pelea, sin contar que planteos judiciales de ese tipo se resuelven en diez años”.

Luego, el ministro dijo que la cuestión se debatirá en la Legislatura y “en el debate se verán los pro y los contra de judicializar la relación con la Nación”.

El sábado, el radicalismo anunció que mañana presentaría un proyecto de ley que ordene al Poder Ejecutivo iniciar las acciones legales para cobrar la plata que la Nación recorta de la masa de la coparticipación provincial. En total serían unos 2.800 millones de pesos al finalizar el año 2012, prácticamente el déficit fiscal de la Administración Pública mendocina.

Este dinero se recorta a la provincia desde el año ’92, cuando se firmó el primer pacto fiscal, en la presidencia de Carlos Menem. Por aquellos años, el Gobierno nacional se embarcaba en la creación de las AFJP.

Esta creación implicaba el traspaso de fondos de los trabajadores activos a las AFJP. El correlato inmediato era que no podrían pagarse las jubilaciones del sistema estatal. Entonces, Menem y Domingo Cavallo propusieron, en el Pacto Fiscal I, el recorte del 15% de la coparticipación de Mendoza para darle esos recursos a la Anses y pagar jubilaciones.

El tiempo pasó y cada año, en la ley de presupuesto nacional, había un artículo dedicado a sostener este recorte. Hasta que en noviembre del 2010 el Congreso nacional no sancionó el presupuesto, por las diferencias con la oposición.

Así es que el Gobierno nacional no tuvo ese artículo de prórroga para sostener el recorte. Y lo hizo por vía de decreto de necesidad y urgencia, lo que es inconstitucional, según sostienen los partidos de oposición.